QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular ha demandado al Gobierno de España que asegure un trato equitativo entre todas las regiones y extienda la operatividad de todas las centrales nucleares, no únicamente las ubicadas en Cataluña. Argumentan que la estrategia energética ‘no puede mercadearse al dictado de los pactos de Pedro Sánchez para sobrevivir en Moncloa’, motivo por el cual han introducido una moción en la Asamblea Regional.
María Casajús, diputada del PP, ha criticado duramente a Pedro Sánchez por ‘estar dispuesto a cualquier cosa por aferrarse al poder, incluso a trocear la política energética y convertirla en parte del pastel que reparte a sus socios independentistas’.
‘Primero nos atropellaron en el reparto de la capacidad eléctrica, dejando fuera a la Región de Murcia. Ahora, directamente nos pretenden trocear el mapa nuclear’, ha denunciado Casajús. Según ella, la Región de Murcia ‘ha sido una de las más afectadas por el abandono del Gobierno de Sánchez, que la ha dejado fuera de las inversiones para reforzar el sistema eléctrico nacional’.
La diputada ha calificado de ‘intolerable’ que el secretario general de los socialistas, Francisco Lucas, ‘justifique incluso inversiones en Orihuela mientras a la Región la dejan sola’. En respuesta, el PP ha presentado una moción en la Asamblea Regional para solicitar la extensión de la operatividad de las centrales nucleares y promover una política energética seria, fundamentada en criterios técnicos y de seguridad, y no en intereses partidistas.
‘La energía nuclear es esencial para garantizar la seguridad energética, la competitividad industrial y la estabilidad del sistema eléctrico nacional, especialmente en zonas como Escombreras’, ha enfatizado Casajús.
La moción del PP pide al Gobierno de España ‘revisar el calendario de cierre de las centrales nucleares, eliminando criterios ideológicos en favor de criterios técnicos y de seguridad; adecuar la carga fiscal de la energía nuclear a los niveles del resto de países miembros de la UE, para garantizar su viabilidad; y evaluar el impacto económico y medioambiental del cierre programado de estas centrales’.
