El grupo parlamentario Socialista estudia la posibilidad de presentar un recurso de amparo por «la posible vulneración de derechos fundamentales de los diputados», según ha anunciado su portavoz, Carmina Fernández, con motivo de la modificación de la Ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Región, aprobada en la Asamblea Regional este martes con los votos a favor de PP y Vox y en contra del PSOE y Grupo Mixto.
Según la diputada socialista, «se nos hurtó la posibilidad de contar con un informe que nos indicara si lo que estábamos votando se ajustaba o no se ajustaba a la legalidad», por lo que, ha advertido, «vamos a llegar hasta el final».
A su juicio, en el Pleno de la Asamblea Regional este martes «se asistió a la materialización de una de las primeras consecuencias de la radicalidad del pacto que han firmado el PP y Vox».
«Se trata del recorte y el retroceso en derechos de trabajadores y del tejido empresarial de la Región de Murcia, ya que ese pacto supone una vulneración de los derechos de sindicatos y de organizaciones empresariales mayoritarias como UGT, CCOO y Croem», ha enfatizado.
La diputada socialista ha recordado, en rueda de prensa este miércoles, que su partido solicitó que se aplazara la votación, dado que «no se contaba con un informe de legalidad, pero no permitieron que eso fuese así».
Por ello, lamenta que el objetivo que pretende el PP es «eliminar la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales, acabar con el diálogo social, asfixiar a los sindicatos y retirar el apoyo a la Croem, que son quienes representan los intereses en esta Región de trabajadores y de las empresas».
«Eso es lo que recoge el punto 8 del pacto que han firmado Partido Popular y Vox para tener unos presupuestos», denuncia Fernández, que ha vuelto a destacar que los socialistas presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de esa ley, que «recorta derechos a trabajadores y al tejido empresarial».
Y es que, ha señalado, «no vamos a permitir que se recorte la negociación colectiva, que se debilite el diálogo social y se recorten los derechos de trabajadores y del tejido empresarial».
El pacto entre el Partido Popular y Vox, en palabras de Fernández, «no busca resolver los problemas reales de los ciudadanos de Murcia y solo responde a los intereses políticos de la Dirección Nacional del Partido Popular».