Francisco López, presidente de Radio Taxi Murcia, ha solicitado ante la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional, que la revisión de la Ley 10/2014 ampare decididamente al taxi como ‘servicio público de interés general’, mejore la supervisión y ‘ponga coto’ a estrategias de las VTC como el precio dinámico durante las altas demandas.
‘No buscamos un monopolio; pedimos respeto por nuestras competencias y normativas claras para todos’, declaró en la sesión legislativa. López ha valorado positivamente el diálogo con la Consejería y representantes parlamentarios, y ha narrado cómo el sector VTC ha pasado de ofrecer servicios exclusivos a una ‘irrupción masiva’ en el entorno urbano ‘beneficiándose de lagunas legales’ y con una ‘judicialización constante’ de las limitaciones impuestas.
Asimismo, ha expresado su preocupación por la ‘especulación’ en las autorizaciones y ha urgido que la nueva legislación selle esas brechas y asegure la seguridad jurídica del taxi. El portavoz del sector ha criticado los precios variables de algunas plataformas -‘incrementos automáticos por una ola de calor o un gran evento’- y ha abogado por el sistema de tarifas reguladas del taxi: ‘Nuestros taxímetros están precintados y nuestras tarifas son públicas’. Como prueba de la importancia vital del servicio, ha recordado que durante la pandemia, ‘radio taxi mantuvo sus horarios, cubrió costes y transportó a personal sanitario sin coste, mientras que el sector privado se reducía ante la falta de demanda’.
En esta línea, ha reclamado un aumento de la capacidad de fiscalización y control, una clarificación en la distribución de competencias y la garantía de que ‘quienes proporcionen servicios urbanos cumplan con las mismas normativas en términos de licencias, fiscalización y obligaciones laborales’. En el debate de los grupos parlamentarios, se ha discutido desde la creación de una mesa de movilidad hasta la revisión de las experiencias con la normativa en otras regiones, destacando la necesidad de una política que priorice el acceso universal y no la competencia desleal.