La Asamblea Regional ha decidido no avanzar en el proceso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre el derecho a la vivienda en la Región de Murcia. Esta propuesta, que fue promovida por agrupaciones de la sociedad civil y contó con el respaldo de más de 16.000 firmas, obtuvo el apoyo de PSOE y el Grupo Mixto (Podemos-IU-Verdes-AV). Sin embargo, no prosperó debido a los votos en contra del PP y Vox.
La ILP proponía, entre otras cosas, indemnizaciones por demoras en las ayudas al alquiler, la instauración de un registro autonómico de solicitantes de vivienda y la preservación del suelo público. Los partidos que la apoyaban argumentan que la legislación actual de la región es inoperante por la falta de un desarrollo normativo adecuado y critican al Gobierno regional por el abandono de sus responsabilidades en materia de vivienda.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Ortega argumentó a favor de la ILP diciendo que «la ciudadanía merece respeto, y esta iniciativa legislativa popular es una muestra clara de que hay miles de personas que exigen una política de vivienda efectiva». Ortega también señaló que «el PP solo ha legislado contra la ocupación, que apenas afecta al 0,05% de los casos, y no ha construido ni una sola vivienda pública en los últimos ocho años». Adicionalmente, mencionó que el PSOE planea reintroducir la propuesta en septiembre y colaborar «coordinadamente con la Plataforma por la Vivienda para corregir los fallos técnicos y garantizar que esta ley pueda debatirse y mejorar lo que haga falta».
Por su parte, la diputada de Podemos, María Marín, criticó duramente el rechazo a la iniciativa, calificándolo de «un atentado contra las familias, la juventud y la clase trabajadora de esta tierra». Marín reprochó a PP y Vox por «decidir enterrar la voz de más de 16.000 personas en media hora, en un tórrido mes de julio» y advirtió que «mientras no se haga justicia, habrá lucha».
José Luis Álvarez-Castellanos de Izquierda Unida-Verdes enfatizó el aspecto democrático de la ILP, indicando que «Hoy no estamos debatiendo solo de política de vivienda, sino de democracia. Esta Cámara no puede despreciar el trabajo de 16.100 ciudadanos que, durante seis meses, han recogido firmas para que se debata aquí». «No tenemos derecho a dejar esta propuesta en un cajón», concluyó.
Ignacio Arcas de Vox justificó su posición contraria al señalar que «el texto ha sido rechazado por los servicios jurídicos por su deficiente técnica legislativa y contiene errores que dificultan su aplicación». Arcas acusó a los proponentes de «engañar a los ciudadanos con una propuesta imposible de ejecutar» y abogó por «soluciones no ideológicas, sino prácticas como aumentar suelo, reducir trabas y promover el alquiler de larga duración».
Finalmente, Antonio Landáburu del Partido Popular defendió la decisión de votar en contra argumentando que «Utilizar la vivienda como arma política sí es faltar al respeto a la ciudadanía» y abogó por un modelo «equilibrado, sostenible y eficaz, que proteja a los más vulnerables sin hipotecar la iniciativa privada». Según Landáburu, la ILP «no resolverá los problemas reales de acceso a la vivienda y puede generar nuevos obstáculos».