UGT alerta sobre el peligro de desregulación al minimizar la burocracia y solicita más personal y diálogo social

Francisca Sánchez Salmerón, secretaria general de UGT en la Región de Murcia, ha expresado su preocupación este martes durante su intervención en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, señalando que aunque la simplificación administrativa «puede tener un impacto positivo en actividad y empleo e incluso disuadir la economía sumergida», existe el «riesgo» de que la reducción de burocracia pueda derivar en «puertas a la desregulación o al debilitamiento de garantías y controles» en áreas críticas como «derechos laborales, salud y seguridad, medio ambiente o patrimonio cultural».

Sánchez ha destacado la importancia de no desvincular la reforma legislativa de la realidad de los recursos humanos y materiales del gobierno, que considera «insuficientes».

Además, ha cuestionado si se ha analizado «el impacto sobre la carga de trabajo» que traerán consigo la reducción de plazos y otros cambios propuestos, y cómo esto repercutirá en las unidades que realizan verificaciones futuras. «No es lo mismo mover cargas de un sitio a otro que eliminarlas», puntualizó.

UGT ha criticado que el decreto-ley inicial «se hurtó del diálogo social» y no contó con la opinión del Consejo Económico y Social, exigiendo que en la futura tramitación del proyecto de ley «se escuchen otras voces» y se rectifiquen «aspectos erróneos».

La líder sindical ha demandado un diseño permanente para las estructuras y el personal, y ha rechazado la idea de que las entidades colaboradoras de certificación se extiendan «como solución»: «La simplificación no puede traducirse en externalización de controles».

Respondiendo a los grupos parlamentarios, Sánchez ha recalcado la necesidad de «garantizar que la protección ambiental no se vea comprometida» y la urgencia de contar con «más personal cualificado», destacando que la agilización debe ser beneficiosa sin que ello implique saltarse procedimientos.

Alfonso Martínez del PSOE, Virginia Martínez de Vox, María Marín de Podemos y María Casajús del PP, han dado sus respectivas opiniones sobre la participación sindical, la desregulación, la mejora de la vida social y la privatización de funciones públicas, aportando distintas perspectivas sobre la ley en discusión.