QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal, ha expresado en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea, su valoración sobre la modificación de la Ley 10/2014 que regula el transporte público de personas en vehículos de turismo a través de taxi en la Región. Berzal considera esta modificación como “un paso adelante” para proporcionar seguridad jurídica al sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en la Región de Murcia, después de “años de incertidumbre” desde el decreto estatal de 2018.
Berzal ha solicitado que la normativa regional asegure “criterios homogéneos y objetivos” en toda la comunidad, evite una “fragmentación municipal” en la regulación, y establezca una mesa de movilidad involucrando a todos los actores (VTC, taxi, administración y agentes sociales) para coordinar aumentos de autorizaciones “con datos y horizonte temporal”.
El líder empresarial ha defendido la complementariedad entre el taxi, el transporte público y los VTC, y ha afirmado que una normativa clara “mejora la movilidad, amplía la oferta y reduce tiempos de espera”. Ha enfatizado que ciertas normas “deben aplicarse conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE”, mencionando que “la protección económica de un sector no justifica restricciones” y que cualquier restricción a las VTC “ha de responder a objetivos de gestión del tráfico o medioambientales y ser proporcionada”. Además, ha advertido en contra de “imponer dobles licencias” (nacional y urbana) excepto en casos “debidamente motivados”.
Berzal ha pedido que todas las autorizaciones VTC existentes en la Región antes de la normativa autonómica “puedan seguir ofreciendo servicios urbanos en toda la comunidad”, y ha descrito como “anomalía” que se impidan cambios que permitan a las empresas moverse de municipio manteniendo la actividad urbana. Ha argumentado que “el mercado de la movilidad necesita escala y homogeneidad regulatoria; si cada ayuntamiento establece criterios distintos, se generan barreras y se perjudica al usuario”, citando a Madrid y Andalucía como ejemplos de “convivencia” regulada. Respecto a los precios, ha rechazado “abusos”, pero ha instado a “acotar, no bloquear” los precios dinámicos en momentos de alta demanda.
Además, Berzal ha anunciado el compromiso del sector para promover un convenio colectivo específico que “dé certidumbre a empresas y trabajadores”.
En la intervención de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE, Miguel Ángel Ortega, ha subrayado la importancia de “igualdad y convivencia” entre taxi y VTC después de “años de parálisis normativa”, solicitando una clarificación en el marco regulatorio para ambos sectores.
Ignacio Arcas de Vox ha expresado su preocupación por que se “trasladen” a los ayuntamientos decisiones que deberían ser competencia de las comunidades autónomas, con el fin de evitar “inseguridad” para quienes invierten y ofrecen el servicio.
José Luis Álvarez-Castellanos del Grupo Mixto ha expresado sus reservas sobre los precios dinámicos, pidiendo establecer límites efectivos “para evitar encarecimientos en situaciones de emergencia”.
Finalmente, el diputado del PP, Antonio Landáburu, ha valorado positivamente las contribuciones del sector y ha defendido que el texto “mejora el servicio y la seguridad jurídica” a través de una regulación autonómica “clara y compatible con la legalidad vigente”.
