Hasta 177 organizaciones y redes comunitarias de distintos países han unido fuerzas para exigir que se garantice desde el inicio un acceso mundial y equitativo al nuevo medicamento en investigación MK-8527. Este fármaco, que se encuentra en ensayos clínicos de fase III, podría, si los resultados se confirman “y es seguro y eficaz”, ampliar las alternativas de profilaxis preexposición (PrEP) frente al VIH, al tratarse de un posible tratamiento oral de toma mensual.
MK-8527, desarrollado por MSD –conocida como Merck en Estados Unidos y Canadá–, se plantea como una nueva opción de PrEP para la prevención del VIH. A diferencia de las formulaciones más utilizadas hasta la fecha, se administraría por vía oral una vez al mes y se sumaría a otras propuestas de larga duración como el lenacapavir, un inyectable que se aplica aproximadamente cada seis meses. Si los ensayos clínicos demuestran que MK-8527 es eficaz y seguro, podría reforzar el abanico de herramientas preventivas y facilitar su uso continuado en diversos entornos.
Cada año, se estima que alrededor de 1,3 millones de personas contraen el VIH en todo el mundo, con una mayoría concentrada en países de renta baja y media. En este contexto, las organizaciones recuerdan que “el impacto real de cualquier innovación en la prevención dependerá de que esté disponible no solo en países con más recursos, sino también en aquellos donde la carga de la pandemia es mayor, incluidos muchos países de renta media que siguen registrando un gran número de casos y que con frecuencia quedan excluidos de las estrategias de acceso”.
Por ello, reclaman a la farmacéutica que se comprometa desde ahora –en plena fase de desarrollo clínico y no una vez obtenida la autorización regulatoria– con una estrategia integral de acceso. En concreto, le piden que “se comprometa públicamente con un registro amplio y acelerado de MK-8527 a nivel mundial en todos los países de renta baja y media (PRBM)”.
También solicitan que la compañía “se comprometa desde el inicio con una política de precios justa y transparente”, y plantean un precio de salida inferior a 40 dólares (34 euros) por persona y año, al considerar que “permitiría a los programas planificar la ampliación de la cobertura, en lugar de verse obligados a racionar”.
Entre las entidades firmantes figuran, entre otras, Salud por Derecho y la Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM), que reclaman además la puesta en marcha de licencias favorables al acceso, no exclusivas, que incluyan a todos los PRBM. “Estas licencias deberían cerrarse y anunciarse antes de la presentación del expediente regulatorio ante la FDA de Estados Unidos”, subrayan.
Igualmente, piden que la empresa se abstenga de registrar o hacer valer patentes secundarias que puedan retrasar la llegada de versiones genéricas; que impulse la transferencia de tecnología y el refuerzo de la capacidad de producción, e integre la planificación del acceso en todas las fases de I+D. En su carta recuerdan que “los patrones de adopción lenta y de acceso inequitativo que han caracterizado innovaciones preventivas anteriores no son inevitables: son el resultado de decisiones concretas tomadas por desarrolladores de productos, responsables políticos y financiadores. Merck (MSD) puede optar por un camino distinto”.