QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Actualmente, el artículo 76 del Estatuto del Empleado Público establece, dentro del Grupo A, dos subgrupos: A1 y A2. Para formar parte del primero hay que estar en disposición de una Licenciatura, mientras que para el segundo se precisa una Diplomatura. Esto provoca que, por ejemplo, enfermeras y fisioterapeutas estén en un rango inferior (con importantes diferencias salariales) al de otros/as profesionales, a pesar de tener también estudios universitarios.
Para saldar esta distorsión, el Parlamento de Cantabria ha impulsado una proposición de ley que plantea modificar el Estatuto y, como se indica en la exposición de motivos, subsanar “una clasificación profesional del personal funcionario de carrera que perjudica claramente el desarrollo profesional y laboral del personal de Enfermería y Fisioterapia”.
Dicha proposición ya ha sido tomada en consideración en el Pleno del Congreso de los Diputados. El siguiente paso es remitirla a la comisión competente y, posteriormente, se abrirá el correspondiente plazo de presentación de enmiendas a la totalidad y al articulado.
¿Qué se pide exactamente?
Unificar los subgrupos en un solo Grupo A. Por tanto, para formar parte del mismo se exigiría estar en posesión del título universitario de Grado o equivalente. Y, para aquellos puestos en los que se exija una titulación universitaria de Grado o equivalente con una duración de 6 años (360 créditos ECTS), se reconocerá como plus dentro del Grupo A.
De este modo, explican los proponentes, el personal de Enfermería y Fisioterapia podrá acceder a “puestos directivos y de gestión, como por ejemplo a las gerencias de área en centros sanitarios o a grupos de investigación y docencia”.
¿Por qué hay esta distorsión?
Tal y como apuntó en la defensa de la iniciativa el diputado del Parlamento de Cantabria Miguel Ángel Vargas (PP), “el sistema de clasificación vigente ha quedado desfasado, al no ajustarse a la estructura de las titulaciones universitarias derivada del Plan Bolonia, que unificó los estudios superiores en el Grado Universitario”.
“Con titulaciones de misma duración, misma complejidad, ocupan grados distintos dentro de la clasificación funcionarial. Por lo tanto, es una cuestión a plantear”, indicó Vargas.
En la misma línea, la diputada Paula Fernández (PRC), que también defendió la proposición, remarcó que “no es comprensible ni aceptable” que se mantenga una interpretación legal que perpetúa esta situación, “considerando algunas profesiones como meras colaboradoras de otras supuestamente superiores y negando una entidad propia”.
Por su parte, Raúl Pesquera (PSOE) puso el foco en el peso de la Enfermería dentro de los servicios de salud, recordando que representan el 30% de los funcionarios sanitarios: “Es el grupo más numeroso, es el grupo que más nos cuida, por lo tanto, tenemos que tenerlas en cuenta o sí, o sí”.
¿Cuál es la diferencia de sueldo?
Las Retribuciones del Personal Funcionario aprobadas para 2025 establecen un salario anual (incluidas las pagas extraordinarias de junio y diciembre) de 18.087,68 euros para el subgrupo A1 y de 15.905,28 para el A2.
¿Cuánto personal de Enfermería trabaja en el Sistema Nacional de Salud (SNS)?
Según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2024 (publicado el 4 de diciembre de 2025), el número de profesionales de Enfermería que ejercen en la sanidad pública es de 227.098 (un 80% de todos los enfermeros/as en ejercicio en España). 175.088 están en hospitales, 43.874 en Atención Primaria, 4.270 en Urgencia y Emergencias y 3.866 en formación especializada.
¿Cuántos/as fisioterapeutas hay en la sanidad pública?
El mismo informe reseña que hay 2.418 profesionales de la Fisioterapia trabajando en Atención Primaria y 7.350 en hospitales.
Técnicos Superiores Sanitarios
La proposición incorpora una enmienda de Podemos Cantabria, defendida por Noemí Santana, que reclama que la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público incluya también el reconocimiento profesional de los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS), “un colectivo esencial que lleva más de 18 años reclamando justicia laboral”. Este personal continúa encuadrado en el grupo C1, el mismo que el de quienes poseen el título de Bachillerato, pese a que “la ley establece desde 2007 que deberían estar en el grupo B”.
