QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ha revelado este lunes que se trabajará en el desarrollo de una estadística uniforme destinada a examinar las listas de espera en el sector sanitario español.
«Algo tan importante como la estadística de listas de espera carece de una metodología común entre comunidades autónomas que permita datos homogéneos necesarios para iniciar cualquier evaluación», ha explicado durante su participación en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por El Español e Invertia.
Como parte de las futuras evaluaciones de la AIReF, se incorporará esta nueva estadística, solicitando la colaboración activa de la Administración General y las comunidades autónomas en su creación, análisis e implementación de resultados, con el objetivo de «asegurar el aprovechamiento compartido de resultados y propuestas».
Herrero también ha indicado que esta medida, que sería promovida por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, facilitaría la actualización de evaluaciones previas relacionadas con el mutualismo administrativo o la incapacidad temporal.
«En estas dos evaluaciones, la consideración de las listas de espera se ha visto limitada precisamente por la escasa calidad y la falta de granularidad de la información disponible. Las listas de espera es una evaluación que nos gustaría ver en la siguiente cartera de proyectos de la AIReF», ha detallado Herrero.
En cuanto al impacto de la Sanidad en las finanzas públicas, la AIReF estima que ha representado el 6,6 por ciento del producto interior bruto (PIB) en 2023 y prevé que aumente 1,5 puntos, alcanzando el 8,1 por ciento del PIB en 2050.
«Parece claro que la sanidad es una política relevante a efectos de la sostenibilidad de las cuentas públicas, lo que requiere, sin duda, un cambio de enfoque en el que la eficacia y eficiencia sean abordadas de manera decidida», ha apuntado Herrero.
Respecto al análisis de la prestación por incapacidad temporal, ha señalado que es «una prestación de máxima relevancia no solo por el impacto directo en las cuentas públicas sino también por su dimensión económica», y que «está experimentando un crecimiento rápido y es un factor de tensión en las finanzas públicas».
