La Sociedad Española de Epidemiología, a través de su Grupo de Trabajo de Determinantes Sociales, ha emitido una advertencia acerca de la situación de riesgo en la que se encuentran los migrantes empleados en el sector agrícola de España, donde «en muchas ocasiones» las condiciones de trabajo no se ajustan a las normativas de salud laboral vigentes.
«Estas personas, esenciales para garantizar el abastecimiento de alimentos, enfrentan largas jornadas de trabajo, en ocasiones superiores a 10 horas, a menudo sin contrato o con contratos verbales, bajo altas temperaturas y expuestas a pesticidas y otros productos fitosanitarios sin las medidas de seguridad adecuadas», ha indicado la SEE en una declaración.
Posteriormente, la sociedad ha expresado su preocupación por la falta de viviendas adecuadas para estos trabajadores, muchos de los cuales residen en condiciones precarias como asentamientos informales, edificaciones abandonadas o casas excesivamente pobladas, frecuentemente sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad o saneamiento. Esta situación afecta «de forma directa» no sólo su salud física sino también la mental, restringiendo su capacidad para llevar una vida «digna» y «mínimamente» estable.
Los problemas más comunes de salud física incluyen dolores musculares y articulares, además de problemas dermatológicos y respiratorios causados por la prolongada exposición a pesticidas y la escasez de higiene y agua. Por otro lado, se reportan «elevados niveles» de ansiedad, depresión, insomnio y trastornos psicológicos crónicos entre estos migrantes, con estudios indicando que entre el 30 y el 45 por ciento de ellos muestran síntomas depresivos o factores de riesgo relacionados con la salud mental.
La SEE también ha señalado que el acceso a servicios médicos es complicado debido a la falta de registro oficial, la constante movilidad entre temporadas de cosecha, la falta de conocimiento sobre derechos sanitarios y las barreras lingüísticas y administrativas. «Esta situación no solo vulnera derechos fundamentales, sino que contradice los principios de equidad y universalidad que deberían regir el sistema público de salud», han subrayado desde la SEE.
Finalmente, la organización ha pedido a las autoridades que mejoren urgentemente las condiciones de vivienda de estos trabajadores, aseguren servicios básicos y adapten los procesos de registro para reconocer la movilidad de esta población y facilitar su acceso a la sanidad, educación y servicios sociales. Además, ha demandado la implementación de «mecanismos efectivos» para la inspección laboral y el cumplimiento de las leyes laborales, incluyendo la protección contra abusos y acoso, particularmente hacia las mujeres trabajadoras temporales.
«Asegurar mejores condiciones de vida y trabajo para las personas migrantes temporeras no solo es una cuestión de justicia social, sino también una medida necesaria para mejorar la convivencia ciudadana y evitar tensiones en localidades agrícolas, como las vividas recientemente en Torre Pacheco (Murcia)», ha concluido la SEE.