QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Un reciente estudio de Amnistía Internacional revela la continuidad de obstáculos tanto visibles como ocultos que dificultan el acceso al aborto en Europa, a pesar de las reformas legislativas implementadas en varios países para facilitar este derecho a muchas solicitantes.
«La cruda realidad es que, a pesar de los importantes avances logrados en toda Europa, el acceso al aborto sigue estando restringido por una inquietante serie de barreras visibles e invisibles», ha afirmado la encargada de campañas sénior de Amnistía Internacional en materia de derechos de las mujeres, Mónica Costa Riba.
El informe titulado ‘Cuando los derechos no se respetan por igual para todas las personas: La lucha por acceder al aborto en Europa’ evalúa la situación en 40 países europeos, basándose en investigaciones de la última década y en datos de otras entidades, además de testimonios de 11 activistas.
El análisis muestra cómo diversos países europeos establecen requisitos no médicos que retrasan la práctica del aborto, sumándose a otros impedimentos como la objeción de conciencia de médicos, la falta de profesionales capacitados, las restricciones de tiempo gestacional y los altos costos del procedimiento.
Estas barreras impactan desproporcionadamente a comunidades marginadas, incluyendo a personas con bajos ingresos, adolescentes, discapacitados, miembros de la comunidad LGBTIQ+, trabajadores sexuales, solicitantes de asilo o migrantes en situación precaria.
El documento destaca el auge de grupos antiderechos, cada vez más financiados, que buscan influir negativamente en políticas y leyes para limitar aún más el acceso al aborto, propagando miedo y desinformación.
Amnistía Internacional reporta que al menos 20 países europeos imponen penalizaciones a quienes abortan fuera de los marcos legales, obligando anualmente a miles a buscar servicios médicos en el extranjero ante las dificultades en sus naciones.
En países como Alemania, Austria y otros, los costos de los servicios de aborto pueden ser prohibitivos, y ni los seguros médicos ni los sistemas de salud cubren estos servicios cuando son elección de la persona embarazada.
«Las victorias conseguidas con gran esfuerzo en materia de derechos reproductivos corren un grave riesgo de ser revertidas por una oleada de políticas regresivas promovidas por el movimiento antigénero y defendidas por actores políticos populistas que aplican prácticas autoritarias», ha aseverado Mónica Costa.
Finalmente, el informe menciona que, aunque España ha avanzado con reformas como la implementación de zonas de seguridad en clínicas y la eliminación de períodos de reflexión obligatorios, aún se enfrentan desafíos significativos, especialmente en comunidades que carecen de registros de objetores de conciencia, complicando la planificación de servicios y obligando a algunas mujeres a desplazarse o recurrir a la sanidad privada.
