La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Estudio de los Problemas de las Adicciones ha dado luz verde este martes a una proposición no de ley (PNL) del PSOE destinada a reforzar las campañas educativas, informativas y de sensibilización sobre el consumo responsable de bebidas energéticas. El objetivo es aumentar el conocimiento entre progenitores y adolescentes acerca de sus posibles efectos perjudiciales, en especial cuando se ingieren junto con alcohol.
La propuesta persigue mejorar la percepción del riesgo y disminuir los efectos adversos vinculados al uso de estas bebidas, sobre todo si se mezclan con alcohol. Ha salido adelante con una enmienda transaccional del PP, obteniendo 34 votos favorables y dos en contra.
En su intervención, la diputada del PSOE Caridad Rives ha recordado que en 2025 el 38,4 por ciento de los jóvenes españoles de 14 a 18 años reconocía haber consumido bebidas energéticas en los 30 días anteriores, y que el 15,2 por ciento admitía haberlas combinado con alcohol.
Rives ha incidido también en que cada vez hay más evidencias científicas sobre el impacto negativo de estas bebidas en la salud. “Muchos de los ingredientes de la amplia y diversa oferta de bebidas energéticas pueden contribuir a la aparición de problemas cardiovasculares, hematológicos, neurológicos, psicocomportamentales, hipertensión, pérdida de masa ósea, alteración del sistema nervioso central o obesidad. Y efectos secundarios como palpitaciones, insomnio o náuseas”, ha explicado.
A continuación, ha lamentado que parte de la juventud termina en urgencias por el consumo de estas bebidas, “casi siempre mezcladas con otras sustancias, con las que se potencian mutuamente sus efectos”. “Aunque también es cierto que en algunos casos disfrazan la percepción de los efectos. Por ejemplo, la ingesta de cafeína disminuye la percepción de una borrechera por ingesta de alcohol, con el riesgo que esto conlleva”, ha señalado.
Rives ha rememorado que en marzo de 2025 el PSOE registró en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo otra iniciativa, aprobada con aportaciones del PP, para regular las bebidas energéticas en sintonía con otros países del entorno, impulsando la homogeneización entre las normas autonómicas ya vigentes en comunidades como Galicia o Asturias.
En esta línea, ha apuntado que los datos sobre el consumo de estas bebidas deben consolidarse y ampliarse su análisis por edades y grupos de población con distintos determinantes sociales. “Y en una sociedad cada vez más mediatizada, tanto con la publicidad tradicional como a través de redes sociales, hay que actuar muy coherentemente para desvincular el uso de estas bebidas”, ha concluido.
Enmiendas del PP sobre publicidad y marco legal
La senadora del PP María del Mar San Martín ha defendido la enmienda de su Grupo, en la que reclama examinar la situación actual de la promoción comercial y la publicidad, e incorporar nuevas líneas de análisis de los datos de consumo. “No solamente revisarlos sino incluirlos para con el objeto de conocer la cantidad como la frecuencia del consumo de este tipo de bebidas”, ha indicado.
La enmienda también propone revisar la normativa vigente, dado que estas bebidas se incluyen ahora dentro de la categoría de refrescos. “Entendemos que debe haber una propuesta de introducción de una categoría diferenciada para estas bebidas energéticas que tantos problemas están dando a la salud de los menores”, ha subrayado.
Por otro lado, el diputado de Sumar Rafael Cofiño ha alertado de los peligros de mezclar bebidas energéticas con alcohol, algo que, en su opinión, “puede suponer una puerta al consumo de alcohol de forma temprana”. En este contexto, ha recordado que continúa la tramitación de la ley de alcohol y menores: “Una ley mayor que es prioritaria”.
Prevención del trastorno del espectro alcohólico fetal
La Comisión Mixta ha aprobado igualmente este martes, con 35 votos a favor y una abstención, otra proposición no de ley impulsada por el PP para reforzar la prevención y el abordaje del trastorno del espectro alcohólico fetal (TEAF).
El texto plantea que el trastorno del espectro alcohólico fetal se incluya de forma explícita en las políticas sobre adicciones. “Solicitamos al Gobierno y al Ministerio de Sanidad que mejoren los recursos todo lo posible, con las consignaciones presupuestarias necesarias”, ha señalado la senadora del PP Antonia López, encargada de defender la iniciativa.
López ha precisado que este trastorno está reconocido como un “importante problema de salud pública” asociado al consumo de alcohol durante la gestación. “Aunque hay conciencia creciente entre las autoridades sanitarias y se desarrollan protocolos de prevención y atención, la prevalencia real sigue siendo incierta, ya que no existen datos epidemiológicos nacionales robustos y las cifras disponibles provienen de estimaciones o estudios regionales”, ha añadido.
Asimismo, ha denunciado que el TEAF está infradiagnosticado, puesto que muchas personas afectadas no presentan rasgos físicos característicos y sus manifestaciones se confunden con TDAH, dificultades de aprendizaje o trastornos del espectro autista.
También ha advertido de que las campañas de prevención del consumo de alcohol no siempre incorporan mensajes específicos sobre el embarazo. “No existen protocolos sistemáticos de cribado de consumo de alcohol en mujeres en edad fértil y la formación, como hemos dicho ya, de profesionales en adicciones sobre TEAF a veces es limitada y desigual. Por ello, proponemos que el TEAF sea abordado de forma explícita en las políticas sobre adicciones”, ha concluido.
Reinserción de personas que han superado una adicción
El Parlamento ha aprobado además este martes, con 20 votos a favor y 16 abstenciones, una PNL de Vox relativa a la reinserción social de quienes han logrado superar una adicción a las drogas.
El diputado de Vox Tomás Fernández, que ha defendido la propuesta, ha señalado que el consumo de sustancias psicoactivas ha sido y sigue siendo una de las principales cuestiones de salud pública en España. “Esta realidad exige una respuesta por parte de las administraciones públicas que debe de ir más allá de lo que supone la atención puntual a esta adición y se articule como una política integral de prevención, tratamiento y reinserción”, ha indicado.
La iniciativa plantea reforzar la formación del personal sanitario para el tratamiento y acompañamiento de las personas que han superado una adicción a las drogas, tanto en el ámbito de la salud física como en el de la salud mental. También propone ampliar y mejorar los programas de capacitación laboral y educativa que faciliten el acceso al empleo y a una vida estable a quienes han dejado atrás una adicción.
“Por último, la atención sanitaria especializada no debe interrumpirse una vez que la persona se ha incorporado a la vida social y laboral, ya que el seguimiento continuado, incluso después de la fase más intensiva del tratamiento, es la clave para consolidar los logros alcanzados y detectar de forma temprana posibles situaciones de riesgo”, ha añadido Fernández.
A pesar de su aprobación, la PNL ha contado con el rechazo de Sumar, que ha reivindicado la actuación del Ejecutivo en esta materia. “Confunden reconocer un problema con ignorar lo que ya se está haciendo para abordarlo, y ahí es donde fallan estripitosamente”, ha reprochado la senadora Carla Delgado.