La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Estudio de los Problemas de las Adicciones ha dado luz verde este martes a una proposición no de ley (PNL) del PSOE destinada a reforzar las campañas educativas, informativas y de sensibilización sobre el consumo responsable de bebidas energéticas. El objetivo es incrementar el conocimiento entre familias y jóvenes acerca de sus posibles efectos negativos, sobre todo cuando se ingieren junto con alcohol.
La propuesta persigue mejorar la percepción del riesgo y disminuir las consecuencias adversas ligadas al uso de estas bebidas, especialmente en combinación con bebidas alcohólicas. El texto ha salido adelante con una enmienda transaccional del PP, obteniendo 34 votos a favor y dos en contra.
En la defensa de la iniciativa, la diputada socialista Caridad Rives ha recordado que en 2025 el 38,4 por ciento de los adolescentes españoles de 14 a 18 años reconocía haber tomado bebidas energéticas en los 30 días previos, y que el 15,2 por ciento admitía haberlas mezclado con alcohol.
Rives ha insistido además en que se acumulan las evidencias científicas sobre el impacto negativo de estos productos en la salud. “Muchos de los ingredientes de la amplia y diversa oferta de bebidas energéticas pueden contribuir a la aparición de problemas cardiovasculares, hematológicos, neurológicos, psicocomportamentales, hipertensión, pérdida de masa ósea, alteración del sistema nervioso central o obesidad. Y efectos secundarios como palpitaciones, insomnio o náuseas”, ha señalado.
La diputada ha lamentado que un número creciente de jóvenes termine en urgencias por la ingesta de estas bebidas, “casi siempre mezcladas con otras sustancias, con las que se potencian mutuamente sus efectos”. “Aunque también es cierto que en algunos casos disfrazan la percepción de los efectos. Por ejemplo, la ingesta de cafeína disminuye la percepción de una borrechera por ingesta de alcohol, con el riesgo que esto conlleva”, ha añadido.
En este contexto, ha recordado que en marzo de 2025 el PSOE ya llevó a la Comisión de Derechos Sociales y Consumo otra iniciativa, aprobada con aportaciones del PP, para avanzar en la regulación específica de las bebidas energéticas, en línea con otros países europeos, y favorecer la armonización de las normas autonómicas ya vigentes en comunidades como Galicia o Asturias.
Rives ha incidido en que es necesario consolidar los datos sobre el consumo de estas bebidas y ampliar su análisis por grupos de edad y perfiles poblacionales con distintos condicionantes sociales. “Y en una sociedad cada vez más mediatizada, tanto con la publicidad tradicional como a través de redes sociales, hay que actuar muy coherentemente para desvincular el uso de estas bebidas”, ha concluido.
Enmiendas del PP sobre consumo y regulación de energéticas
La senadora del PP María del Mar San Martín ha defendido la enmienda de su Grupo, en la que reclama examinar en profundidad la situación actual de la promoción comercial y la publicidad de estos productos, así como incorporar nuevas líneas de análisis de los datos de consumo. “No solamente revisarlos sino incluirlos para con el objeto de conocer la cantidad como la frecuencia del consumo de este tipo de bebidas”, ha indicado.
La enmienda también plantea revisar el marco normativo vigente, dado que en la actualidad las bebidas energéticas se incluyen dentro de la categoría general de refrescos. “Entendemos que debe haber una propuesta de introducción de una categoría diferenciada para estas bebidas energéticas que tantos problemas están dando a la salud de los menores”, ha subrayado.
Por su parte, el diputado de Sumar Rafael Cofiño ha alertado sobre los peligros de mezclar bebidas energéticas con alcohol, algo que, a su juicio, “puede suponer una puerta al consumo de alcohol de forma temprana”. Ha recordado igualmente que continúa en tramitación la ley de alcohol y menores: “Una ley mayor que es prioritaria”.
Refuerzo de la prevención del trastorno del espectro alcohólico fetal
La Comisión Mixta ha aprobado también este martes, con 35 votos a favor y una abstención, otra PNL promovida por el PP para reforzar la prevención y la atención del trastorno del espectro alcohólico fetal (TEAF).
La iniciativa pide que el trastorno del espectro alcohólico fetal se integre de forma explícita en las políticas públicas sobre adicciones. “Solicitamos al Gobierno y al Ministerio de Sanidad que mejoren los recursos todo lo posible, con las consignaciones presupuestarias necesarias”, ha reclamado la senadora del PP Antonia López, encargada de presentar la propuesta.
López ha explicado que este trastorno está reconocido como un “importante problema de salud pública” vinculado al consumo de alcohol durante la gestación. “Aunque hay conciencia creciente entre las autoridades sanitarias y se desarrollan protocolos de prevención y atención, la prevalencia real sigue siendo incierta, ya que no existen datos epidemiológicos nacionales robustos y las cifras disponibles provienen de estimaciones o estudios regionales”, ha precisado.
Asimismo, ha denunciado que el TEAF se encuentra infradiagnosticado, ya que muchas personas afectadas no presentan rasgos físicos característicos y sus manifestaciones clínicas se confunden con TDAH, trastornos del aprendizaje o autismo.
La senadora ha advertido además de que las campañas para prevenir el consumo de alcohol no siempre incluyen mensajes específicos dirigidos al embarazo. “No existen protocolos sistemáticos de cribado de consumo de alcohol en mujeres en edad fértil y la formación, como hemos dicho ya, de profesionales en adicciones sobre TEAF a veces es limitada y desigual. Por ello, proponemos que el TEAF sea abordado de forma explícita en las políticas sobre adicciones”, ha concluido.
Reinserción de personas que han superado una adicción a las drogas
La Comisión ha respaldado igualmente, con 20 votos a favor y 16 abstenciones, una PNL de Vox centrada en la reinserción social de personas que han logrado superar una adicción a las drogas.
El diputado de Vox Tomás Fernández, encargado de defender el texto, ha señalado que el consumo de sustancias psicoactivas ha sido y continúa siendo una de las principales preocupaciones de salud pública en España. A su juicio, “esta realidad exige una respuesta por parte de las administraciones públicas que debe de ir más allá de lo que supone la atención puntual a esta adición y se articule como una política integral de prevención, tratamiento y reinserción”.
La propuesta plantea reforzar la formación del personal sanitario para el abordaje y acompañamiento de quienes han superado una adicción, tanto en el plano de la salud física como en el de la salud mental. También aboga por ampliar y mejorar los programas de capacitación profesional o educativa que faciliten el acceso al empleo y la estabilidad vital de estas personas.
“Por último, la atención sanitaria especializada no debe interrumpirse una vez que la persona se ha incorporado a la vida social y laboral, ya que el seguimiento continuado, incluso después de la fase más intensiva del tratamiento, es la clave para consolidar los logros alcanzados y detectar de forma temprana posibles situaciones de riesgo”, ha remarcado Fernández.
A pesar de su aprobación, la PNL ha contado con el rechazo de Sumar, que ha reivindicado la acción del Ejecutivo en este ámbito. “Confunden reconocer un problema con ignorar lo que ya se está haciendo para abordarlo, y ahí es donde fallan estripitosamente”, ha criticado la senadora Carla Delgado.