El Consejo de Ministros ha dado este martes el visto bueno al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que sustituirá a la Ley 15/1997, norma que abría la puerta a la colaboración público-privada en la sanidad. El nuevo texto restringe este modelo a supuestos excepcionales y sometidos a evaluación previa, con la finalidad de reforzar la primacía de la gestión pública en los servicios sanitarios.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado el alcance de la norma. “Esta ley personalmente me parece un triunfo de la sociedad civil, un triunfo de las demandas ciudadanas desde hace muchísimos años, que va a proteger y va a blindar nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y de las garras privatizadoras (...) Esta ley responde a un lema ampliamente conocido que es 'La sanidad no se vende, la sanidad se defiende'”.
La responsable de Sanidad ha afirmado que esta regulación “pondrá coto” a episodios “absolutamente obscenos” detectados recientemente. Ha aludido, entre otros, a los audios filtrados sobre presuntas instrucciones del CEO de Ribera Salud, concesionaria del Hospital de Torrejón, para maximizar el beneficio económico de la compañía, así como a los problemas derivados de la externalización de los programas de cribado de cáncer de mama en Andalucía.
García ha recalcado que no se trata de “casos aislados”, sino de un “problema estructural”. Ha defendido además que, de acuerdo con la evidencia científica, los procesos de privatización impactan negativamente en la calidad asistencial, incrementando infecciones, mortalidad evitable y desigualdades.
El anteproyecto fija que la colaboración entre la Administración y entidades privadas en la prestación sanitaria solo se admitirá cuando no sea viable la prestación directa por administraciones o entes públicos, siempre que se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia, y se respeten estándares de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
Cuando se pretenda implantar un modelo de este tipo, será obligatoria una evaluación previa que incluya una memoria justificativa elaborada por la administración sanitaria y el dictamen de un comité formado por personas expertas del ámbito sanitario, representantes de los profesionales y de la sociedad civil.
Este informe y la resolución correspondiente deberán hacerse públicos en el boletín oficial que proceda y en la sede electrónica de la administración sanitaria. En el caso de concesiones de servicios, será preceptivo un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para valorar la sostenibilidad financiera de la operación.
Asimismo, el texto incorpora una modificación en la Ley de Contratos del Sector Público para que, en caso de empate, se otorgue preferencia a entidades sin ánimo de lucro.
El anteproyecto incluye una regulación específica de los consorcios sanitarios, que deberán adscribirse necesariamente a una administración sanitaria, quedar sometidos a las reglas de estabilidad presupuestaria y control de cuentas, y someterse a una auditoría anual. También ordena el régimen de su personal, que podrá ser funcionario, estatutario o laboral, en función de su origen.
La norma contempla igualmente que la Alta Inspección del SNS pueda prestar asesoramiento técnico a las administraciones que quieran revertir servicios previamente externalizados. Además, veta fórmulas contractuales que permitan a la empresa privada encargada de construir un hospital participar posteriormente en la gestión del centro.
Refuerzo del buen gobierno y la rendición de cuentas
El texto incorpora medidas para reforzar el buen gobierno, el control y la rendición de cuentas en la gestión sanitaria. Las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) deberán dotar a sus centros de herramientas de buena gobernanza, mientras que el Ministerio de Sanidad y las CCAA tendrán que aprobar indicadores comunes de salud y de calidad en el marco del Consejo Interterritorial del SNS.
Las administraciones sanitarias estarán obligadas a difundir periódicamente información detallada sobre contratación, conciertos, resultados en salud y calidad del servicio. Para prevenir conflictos de interés, el anteproyecto prevé recurrir a auditorías externas cuando exista incompatibilidad entre la entidad auditora y la auditada.
La nueva regulación solo se aplicará a los conciertos y contratos que se formalicen tras su aprobación definitiva, de manera que los acuerdos actualmente vigentes seguirán en vigor hasta su fecha de vencimiento.
El texto también prevé la elaboración, en el plazo de un año, de un informe de evaluación sobre las experiencias de gestión privada en el SNS desde 1997, que será realizado por un grupo de personas expertas en economía de la salud, gestión sanitaria y sistemas de salud.
Tras el aval del Consejo de Ministros, la ley inicia ahora su tramitación, que comprenderá una fase de consulta pública, un nuevo paso por el Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley en segunda vuelta y, posteriormente, su remisión al Congreso de los Diputados.
Preguntada por el respaldo parlamentario, Mónica García ha manifestado su confianza en recabar apoyos suficientes. “Es tan obsceno y es tan necesaria esta ley que yo dudo mucho que haya algún partido político que ponga por delante los beneficios económicos por delante de su salud. Solo tienen que pensar en la salud propia y la salud de sus seres queridos”, ha señalado.
La ministra ha criticado asimismo la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha acusado al Gobierno de España de querer “acabar” con la sanidad madrileña mediante esta norma. García ha respondido que la finalidad no es esa, sino acabar con el “chiringuito” o “negociete” que, a su juicio, mantiene la dirigente madrileña.