El Consejo de Ministros ha dado este martes el visto bueno al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una norma que sustituirá a la Ley 15/1997, que abría la puerta a la colaboración público-privada en la sanidad. El objetivo es acotar este modelo a supuestos excepcionales y siempre tras una evaluación previa, con la intención de priorizar la gestión directa pública de los servicios sanitarios.
“Esta ley personalmente me parece un triunfo de la sociedad civil, un triunfo de las demandas ciudadanas desde hace muchísimos años, que va a proteger y va a blindar nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y de las garras privatizadoras (...) Esta ley responde a un lema ampliamente conocido que es 'La sanidad no se vende, la sanidad se defiende'”, ha destacado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ministra ha subrayado que la norma “pondrá coto” a episodios “absolutamente obscenos” registrados en los últimos meses. Ha aludido, entre otros, a los audios filtrados sobre supuestas instrucciones del CEO de Ribera Salud, concesionaria del Hospital de Torrejón, para incrementar el beneficio económico de la compañía, así como a los problemas derivados de la externalización de los programas de cribado de cáncer de mama en Andalucía.
García ha insistido en que no se trata de “casos aislados”, sino de un “problema estructural”. En la misma línea que la literatura científica, ha defendido que los procesos de privatización repercuten negativamente en la calidad asistencial, con más infecciones, mayor mortalidad evitable y un incremento de las desigualdades.
La propuesta legislativa fija que la colaboración entre la Administración y entidades privadas en la asistencia sanitaria solo se autorizará cuando no resulte viable la prestación directa por administraciones o entes públicos, siempre que se aseguren la sostenibilidad financiera y la eficiencia, y se cumplan estándares de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
Además, cualquier iniciativa de este tipo deberá someterse a una evaluación previa obligatoria, que incluirá una memoria justificativa elaborada por la administración sanitaria competente y el dictamen de un comité formado por personas expertas del ámbito sanitario, representantes de los profesionales y de la sociedad civil.
Este informe y la resolución correspondiente tendrán que hacerse públicos en el boletín oficial que proceda y en la sede electrónica de la administración sanitaria implicada. En el caso de concesiones de servicios, será preceptivo un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para valorar la sostenibilidad financiera de la operación.
El anteproyecto incorpora asimismo una modificación en la Ley de Contratos del Sector Público para que, en caso de empate, se otorgue preferencia a entidades sin ánimo de lucro.
El texto incluye una regulación específica de los consorcios sanitarios, que deberán quedar obligatoriamente adscritos a una administración sanitaria, ajustarse a las normas de estabilidad presupuestaria y control de cuentas, y someter sus estados financieros a auditorías anuales. También ordena la situación de su personal, que podrá ser funcionario, estatutario o laboral, de acuerdo con su origen.
La norma prevé igualmente que la Alta Inspección del SNS pueda prestar asesoramiento técnico a las administraciones que quieran recuperar para la gestión pública servicios que fueron externalizados. Del mismo modo, veta contratos que permitan a la empresa privada constructora de un hospital participar posteriormente en la gestión del centro.
Refuerzo del buen gobierno y la rendición de cuentas
Por otro lado, el anteproyecto incorpora medidas para reforzar el buen gobierno, el control y la rendición de cuentas en la gestión sanitaria. Las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) deberán dotar a sus centros de herramientas de buena gobernanza, mientras que el Ministerio de Sanidad y las CCAA tendrán que consensuar indicadores comunes de salud y de calidad en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Las administraciones sanitarias estarán obligadas a difundir de forma periódica información detallada sobre contratación, conciertos, resultados en salud y calidad del servicio. Para prevenir conflictos de interés, el texto contempla la externalización de auditorías cuando exista incompatibilidad entre la entidad auditora y la auditada.
La nueva regulación solo se aplicará a los conciertos y contratos que se formalicen tras su aprobación definitiva, de modo que los acuerdos actualmente vigentes se mantendrán hasta su fecha de vencimiento.
El anteproyecto también prevé la elaboración, en el plazo de un año, de un informe de evaluación sobre las experiencias de gestión privada en el SNS desde 1997. Este análisis será realizado por un grupo de personas expertas en economía de la salud, gestión sanitaria y sistemas de salud.
Tras el aval inicial del Consejo de Ministros, la ley inicia ahora su tramitación ordinaria, que contempla una fase de consulta pública, un nuevo paso por el Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley en segunda vuelta y, finalmente, su remisión al Congreso de los Diputados.
Preguntada por si confía en recabar apoyos suficientes en las Cortes, Mónica García ha manifestado que su expectativa es favorable. “Es tan obsceno y es tan necesaria esta ley que yo dudo mucho que haya algún partido político que ponga por delante los beneficios económicos por delante de su salud. Solo tienen que pensar en la salud propia y la salud de sus seres queridos”, ha destacado.
La ministra también ha respondido a las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado al Gobierno central de querer “acabar” con la sanidad madrileña con esta norma. García ha replicado que la finalidad no es esa, sino acabar con el “chiringuito” o “negociete” que, a su juicio, mantiene la dirigente madrileña.