Ampliación | Sanidad se alinea con los médicos para exigir a las CCAA las mejoras del Estatuto Marco que no fija la ley

Mónica García se compromete a apoyar a los médicos ante las CCAA en sus demandas ligadas al Estatuto Marco y defiende frenar la privatización sanitaria.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que está “totalmente de acuerdo” con las reivindicaciones que han llevado a los médicos a convocar una huelga semanal al mes contra el Estatuto Marco y que, por ello, “irá de la mano” de los facultativos para reclamar “a todas y cada una de las comunidades autónomas” aquellas mejoras que no quedan recogidas por ley en dicho Estatuto.

En una entrevista en el podcast 'Carne Cruda', recogida por Europa Press, ha remarcado que el Gobierno central carece de competencias para fijar salarios, dimensionar plantillas o imponer un modelo organizativo concreto; “a partir de aquí, las que tienen que hacer su trabajo son las comunidades autónomas que tienen que retribuir bien y que retener bien a los profesionales”, ha subrayado.

García ha insistido en que el nuevo Estatuto Marco, que aún debe superar el trámite del Consejo de Ministros, constituye “un primer paso” que establece “límites” a las CCAA frente a los abusos acumulados en las últimas décadas. “Después de 23 años, esta es la primera vez que se pone la primera piedra para la mejora”, ha recordado.

Entre las principales demandas de los médicos figuran que las guardias pasen a ser de 12 horas, voluntarias, mejor remuneradas y con descansos efectivos; reclaman también jornadas equiparables al resto de profesionales sanitarios, un estatuto específico que recoja la singularidad de la profesión, refuerzo de las plantillas, mejoras retributivas y adelanto de la edad de jubilación.

Sobre este punto, la ministra ha precisado que las guardias no pueden convertirse en voluntarias, ya que “no podemos dejar la asistencia de los pacientes al albur de las necesidades de los profesionales”, y ha explicado que el Estatuto Marco elimina las guardias de 24 horas para fijar un máximo de 17 horas consecutivas, equivalentes a dos turnos seguidos (tarde y noche), con descansos obligatorios antes y después. Además, ha recalcado que las CCAA tienen margen para reducirlas a 12 horas si así lo deciden.

En cuanto a la equiparación de jornadas y su organización, ha puntualizado que el Estatuto solo puede establecer topes y que la distribución concreta corresponde a las comunidades, advirtiendo de que el modelo de los médicos no es plenamente comparable al de enfermería, que suele ponerse como referencia.

“Las enfermeras tienen otra organización, y es que una de cada tres semanas hacen cuatro, cinco, seis noches. [...] Eso a los médicos, ni aquí en España ni en ningún sitio del mundo, nunca nos ha cuadrado esa organización. ¿Por qué? Porque no perdemos la continuidad de nuestros pacientes”, ha explicado.

García ha rechazado la creación de un Estatuto propio para los médicos al considerar que ya disponen de un capítulo específico y que “porque las especificidades de los profesionales médicos, de los médicos, caben en un estatuto común”. A su juicio, impulsar un texto separado supondría “fragmentar el sistema”. También ha recordado que la jubilación anticipada en España no se calcula en función de las horas trabajadas, sino de los años cotizados.

La ministra ha identificado la falta de profesionales como uno de los grandes problemas que arrastran los médicos y el resto de categorías sanitarias. No obstante, ha destacado que el Gobierno ha incrementado un 15% las plazas de Medicina en la universidad pública y un 40% las plazas MIR y del resto de FSE, pasando de unas 8.000 a algo más de 12.000 plazas.

“Faltan médicos, faltan enfermeras, faltan médicos en la universidad y faltan médicos trabajando y faltan médicos en el MIR”, ha señalado, advirtiendo de que la escasez se agravará por la evolución demográfica.

“Tenemos que decidir como país que tenemos que pagar mejor a nuestros profesionales pero que también necesitamos más profesionales y eso depende de los presupuestos generales del Estado y de las prioridades que tengamos como país. Ahora mismo la sanidad tiene una caja y en esa caja nos tiene que dar para todos, nos tiene que dar para todos en la sanidad pública, tiene que dar para mejorar las condiciones y tiene que dar para contratar más gente y todo eso se tiene que hacer de manera paulatina”, ha añadido.

Cuestionada sobre la posibilidad de que el Estatuto Marco se bloquee en el Congreso, García ha defendido que “todo aquel que supuestamente apoye la sanidad pública debería estar de acuerdo con este primer paso del Estatuto”; en cualquier caso, ha avanzado que ya mantiene contactos con los distintos grupos parlamentarios para “convencerles de las mejoras que conlleva para la sanidad pública”.

Privatización, ley de gestión pública y listas de espera

En relación con la gestión del sistema, la titular de Sanidad ha vuelto a respaldar el anteproyecto de ley de gestión pública, al considerar que establece un “coto legal” para frenar procesos de privatización y blindar la sanidad frente a modelos con ánimo de lucro. En este contexto, ha vuelto a señalar a la Comunidad de Madrid como “epicentro” de la extracción del bien común en sanidad, mientras que ha puesto en valor el modelo catalán por sus fórmulas de colaboración sin fines lucrativos.

“Creo que hay lugares donde se está haciendo una extracción del bien común que es nuestra sanidad pública. Y eso es, ahora mismo, el epicentro de esas políticas es la comunidad de Madrid, que tenemos todo un parque temático de modelos de privatización”, ha afirmado.

En defensa del anteproyecto, ha incidido en que “está demostrado es que la evidencia científica dice que la privatización aumenta la mortalidad y disminuye la calidad”. “Es el lucro lo que está devastando nuestro sistema sanitario”, ha afirmado contundentemente.

Respecto a las listas de espera, el Ministerio de Sanidad pretende homogeneizar y actualizar el sistema de información de las listas del Sistema Nacional de Salud (SNS) mediante un Real Decreto, ya que, según ha denunciado, “se maquillan los datos, se confunden y se hace ingeniería estadística para que al final en una caja negra de lista de espera se saca un número”. “No tenemos transparencia en nuestras listas de espera. Y las comunidades autónomas son un poquito reacias a que tengamos esa transparencia y esa trazabilidad”, ha asegurado.