La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha manifestado este lunes que varias comunidades autónomas “incumplen sistemáticamente” con el Registro de Personas Objetoras de Conciencia frente al aborto, así como con los requisitos legales que facilitan a las mujeres el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en centros hospitalarios públicos.
“Lo que se está haciendo es requerir a las comunidades autónomas para que cumplan con el registro de objetores, pero también para que cumplan con los requisitos legales que permiten a las mujeres realizar su interrupción voluntaria del embarazo con normalidad en la pública y por supuesto también con todas las garantías”, ha declarado Redondo a RNE, según recoge Europa Press.
Redondo ha expresado que la ley no se está respetando: “Esa es la dura realidad, no se está cumpliendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y hay muchas mujeres que enfrentan obstáculos”.
Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una solicitud formal a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para que establezcan y regulen el Registro de Personas Objetoras de conciencia frente al aborto, otorgándoles un plazo de tres meses desde la recepción de esta solicitud.
Aunque la ministra no ha confirmado las comunidades específicas a las que se ha dirigido, ha destacado que, en Madrid, el 95 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo se efectúan en la sanidad privada.
“En Castilla y León, de donde yo procedo, también tenemos un altísimo porcentaje de mujeres que deben acudir a la sanidad privada”, indicó Redondo, quien añadió que el objetivo del Gobierno es “homologar el derecho para permitir que todas las mujeres puedan ejercerlo con libertad y en condiciones de igualdad en todo el territorio español”.
En este contexto, la ministra explicó que “hay dos derechos en juego”. “El derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, es un derecho de libertad, es un derecho de salud pública, es un derecho de salud reproductiva y por lo tanto ese derecho tiene que garantizarse y por otro lado tenemos el derecho de objeción de conciencia que es un derecho constitucional reconocido en el artículo 33 de la Constitución”, señaló.
Por ello, ha asegurado que el objetivo es hacer estos dos derechos “compatibles”, pero “sin perder la perspectiva de que las mujeres tienen que poder ejercer su derecho en condiciones legales”. “Por lo tanto un derecho no puede conculcarse completamente a favor de otro, de lo que se trata es de conciliar ambos para que se puedan ejercer”, agregó.
“GARANTIZAR EL DERECHO AL ABORTO EN LA CONSTITUCIÓN”
Por otra parte, la ministra ha manifestado que es “el momento de dar un paso más” y de garantizar el derecho al aborto en la Constitución española, ante la “ola reaccionaria a la que se ha subido el PP” en su oposición a esta ley.
Así, ha propuesto una reforma de la Constitución a través del artículo 167, “una modificación menos agravada que por supuesto exigiría como tres quintas partes de las cámaras”. “Debemos intentar avanzar en ese camino a conseguir que haya mayorías importantes que respeten los derechos de las mujeres, porque aquí de lo que se trata es de la libertad de la seguridad y de la salud de las mujeres”, resaltó.
“Espero que todo el arco parlamentario, incluido también el PP, a pesar de sus meteduras de pata con este tema y a pesar de su oposición sistemática, reconozca que en este momento el 60 por ciento de las mujeres de este país está a favor y el 55 por ciento de los varones están acompañándonos en este derecho”, concluyó.