QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su apoyo este jueves a intensificar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), señalando que actualmente persisten considerables desigualdades territoriales, sociales y económicas, tal como lo revela un estudio del Instituto de las Mujeres.
“Es cierto que necesitamos reforzar el servicio público, porque nos damos cuenta (…) de las diferencias que hay entre los distintos territorios, donde la externalización es prácticamente total, como en Madrid. Creo que esa diferencia atenta contra la igualdad en el acceso a los derechos de la propia Constitución”, declaró Ana Redondo durante la presentación del informe.
OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ACCESO
Lucía Candeira de Andrés, coordinadora del informe y de la Federación Mujeres Jóvenes, destacó que el acceso al aborto está influido tanto por las diferencias entre áreas urbanas y rurales, como por la dependencia del sector privado en el proceso. Más del 80% de las interrupciones se llevan a cabo en clínicas privadas, y en lugares como Castilla La Mancha, donde sólo existen dos clínicas de este tipo, las mujeres deben realizar largos viajes para acceder a este servicio.
“En Madrid tenemos una privatización casi total con un sistema en el que se nos obliga a pasar por una unidad específica que nos da una factura para que sepamos cuánto nos cuesta un aborto. Esto es una barrera política (…) a ninguna de las mujeres ni de los ciudadanos se nos da normalmente una factura de cuánto nos cuesta ir al médico, pero con el aborto se está haciendo”, criticó Candeira.
GARANTIZAR EL ABORTO EN EL SISTEMA PÚBLICO Y LIBRE DE JUICIOS MORALES
Por su parte, Laura Selena de Andrés, de la Junta Directiva de Federación Mujeres Jóvenes, presentó propuestas para mejorar el acceso al aborto en el SNS, incluyendo campañas de sensibilización y la creación de protocolos para un trato digno en todos los centros de salud. “Basta de juicios morales en las consultas, porque lo que las chicas se están encontrando es que son juzgadas por los propios sanitarios, y eso es muy, muy grave, y no solo los propios sanitarios. Para nadie es algo desconocido el acoso que se vive en las propias clínicas”, enfatizó De Andrés.
Finalmente, subrayó la necesidad de una educación sexual integral desde la escuela y de evitar la intervención de organizaciones que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos en los centros educativos. “El derecho a decidir no empieza en la clínica, sino que empieza en la propia escuela o en nuestras propias casas. Necesitamos una educación sexual integral con estándares comunes en todas las comunidades autónomas y campañas de sensibilización libres de injerencias de organizaciones que niegan nuestros derechos”, concluyó.
