La Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) ha comunicado su intención de impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que se presentaría ante el Congreso de los Diputados, con el objetivo de obtener un estatuto específico para los médicos y facultativos del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Para ello, el organismo deberá recopilar 500.000 firmas necesarias para poner en marcha este proceso legislativo, una medida que pretende «confrontar la negativa» del Ministerio de Sanidad a reconocer un ámbito diferenciado para estos profesionales dentro del Estatuto Marco, un documento que «no es representativo ni justo para el colectivo».
Esta declaración se realizó durante un seminario web en el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra-Vigo, donde además se calificó de «claramente insuficiente» la última propuesta del Ministerio sobre la reforma del estatuto mencionado.
Además, la agrupación critica que el documento actual sigue presentando «agravios injustificados» como jornadas diferenciadas y «mucho más penosas» para los facultativos, quienes no ven «reconocida» ni su formación, ni su capacidad, ni su responsabilidad en la nueva clasificación profesional.
En cuanto a las condiciones de jubilación, APEMYF discrepa con la propuesta ministerial y demanda que se considere a la Medicina como una profesión de riesgo y se regule la opción de solicitar la jubilación anticipada mediante un coeficiente reductor.
Es «imprescindible» que las jornadas de guardia se consideren al 100% a la hora de calcular los años trabajados para la jubilación, subrayando además que la mejora salarial para los facultativos «es insoslayable para retener el talento».
Asimismo, APEMYF ha pedido mejorar las condiciones de los residentes, asegurando que el tiempo dedicado por los MIR a su formación se reconozca como jornada efectiva de trabajo, tanto para la carrera profesional como para la jubilación, además de una mejora salarial para que no estén en desventaja respecto a sus homólogos europeos.
Finalmente, la organización ha sugerido la creación de foros y órganos de decisión integrados por los representantes legítimos y mayoritarios de los profesionales médicos y facultativos, y por la administración sanitaria de cada comunidad autónoma, para facilitar una negociación directa entre ambas partes.