La Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB), junto a otras nueve sociedades autonómicas, expresan su oposición rotunda a la creación de la especialidad de Genética de Laboratorio, argumentando que no mejora ni amplía la capacidad del sistema sanitario para cubrir adecuadamente las necesidades de salud de los ciudadanos.
Entre las sociedades que se oponen se encuentran la Sociedad Balear de Laboratorio Clínico, Asociación Canaria del Laboratorio Clínico (ACLAC), Asociación de Analistas Clínicos de Extremadura (ANCLEX), Asociación Valenciana de Especialistas en Laboratorio Clínico (AVELAC), Sociedad Castellanomanchega de Medicina de Laboratorio (LABCAM), Sociedad Asturiana de Bioquímica y Análisis Clínicos – Medicina de Laboratorio (SAByAC ML), Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos, Medicina del Laboratorio (SANAC), Sociedad Castellanoleonesa de Análisis Clínicos (SCLAC) y la Sociedad de Medicina de Laboratorio de la región de Murcia (SOMELMUR), quienes proponen un Diploma de Acreditación Avanzada como alternativa viable para esta área.
Estas entidades sostienen que la Genética de Laboratorio es una competencia básica y estructural del Laboratorio Clínico, desarrollada con altos estándares de calidad y evidencia científica durante décadas. «No se trata de una disciplina externa ni añadida, sino de una competencia estructural inherente que los especialistas ejercen con solvencia y rigor, respaldados por su trayectoria y resultados clínicos contrastados», declaran.
Las sociedades científicas enfatizan la necesidad de un análisis «exhaustivo y riguroso» en cualquier revisión del mapa de especialidades sanitarias, con el objetivo de preservar la excelencia en la atención al paciente. Abogan por un diálogo constructivo entre profesionales y proponen actualizar los programas formativos y reforzar la formación con medidas como la ampliación del periodo formativo o la creación de Áreas de Capacitación Específica, según el Real Decreto 589/2022.
Además, critican que la propuesta actual del Ministerio no atiende a deficiencias reales, sino a problemas laborales causados por la contratación de personal no cualificado. «La medida no solo impide una gestión racional de los recursos públicos, sino que también fomenta la fragmentación de la formación de los profesionales y de la asistencia sanitaria, generando compartimentos estancos que comprometen la continuidad y la integración de los cuidados», afirman.
Finalmente, reiteran su disposición a colaborar con la Administración para diseñar alternativas que realmente respondan a las necesidades del sistema sanitario y de los ciudadanos, evitando redundancias y solapamientos innecesarios.