La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha manifestado su "rechazo frontal" al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS', aprobado este martes por el Consejo de Ministros, una propuesta que, a su juicio, supone un "ataque dogmático" a la libertad de gestión de las competencias sanitarias de las comunidades autónomas.
La patronal sostiene que la nueva norma nace con la finalidad de "prohibir, limitar o condicionar" los diferentes modelos de colaboración público-privada que el ordenamiento jurídico permite de forma legítima desde hace más de treinta años.
Desde ASPE señalan que el texto parte de un enfoque ideológico y no de un análisis exhaustivo de las necesidades reales de los pacientes del Sistema Nacional de Salud. Según la organización, "el texto reduce de forma arbitraria los modelos de gestión sanitaria indirecta disponibles para los gobiernos autonómicos, pese a que estos han demostrado su eficacia en términos de accesibilidad, eficiencia y capacidad de respuesta asistencial".
Por este motivo, la Alianza advierte de que el anteproyecto nace con pocas, "cuando no nulas", opciones de salir adelante, al entrar en colisión con el marco legal vigente sobre competencias autonómicas en un sistema de descentralización sanitaria en vigor desde 2003.
Asimismo, ASPE considera que el Ministerio encabezado por Mónica García "criminaliza" al conjunto del sector sanitario e identifica de "forma simplista" la calidad y la integridad del sistema con la naturaleza jurídica de quien gestiona los servicios.
En esta línea, recalca que la sanidad privada rechaza de forma unánime los intentos del Ejecutivo de "derogar no solo la Ley 15/1997, sino también de facto la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del SNS, una norma clave que adapta el sistema sanitario a un escenario de descentralización autonómica y refuerza principios esenciales como la equidad, la solidaridad, la eficiencia y la participación social".
ASPE alerta además de que el anteproyecto tendrá un efecto directo y perjudicial sobre los pacientes, especialmente en lo relativo a la accesibilidad y a los tiempos de atención. A su entender, limitar de forma rígida las herramientas de gestión en manos de las comunidades autónomas mermará la capacidad de respuesta del sistema "en un contexto marcado por listas de espera estructurales en récords históricos, saturación asistencial y creciente presión sobre áreas clave como la cirugía programada, el diagnóstico o la oncología".
"En sanidad, las decisiones ideológicas siempre se traducen en consecuencias reales para las personas. La sanidad no puede abordarse desde dogmas, debe gestionarse con pragmatismo, responsabilidad y foco en los pacientes", ha señalado la presidenta de ASPE, Herminia Rodríguez.
Por todo ello, la organización insta a una reconsideración inmediata del anteproyecto y reclama la puesta en marcha de un proceso de diálogo efectivo que permita articular un marco sanitario sustentado en la evidencia asistencial, la cooperación (Ley 15/1997 sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del SNS) y el respeto a las competencias autonómicas (Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS).