La Conselleria de Salud del Govern balear persiste en el desarrollo del decreto que facilitará la creación del registro de objetores de conciencia al aborto, incluso después de recibir un “requerimiento formal” del Gobierno central por no ajustarse a la legislación vigente.
Fuentes del departamento liderado por la consellera Manuela García confirmaron que, tras la recepción del aviso del Ministerio de Sanidad, continuarán con la tramitación del decreto de la misma manera que antes.
Actualmente, el documento se encuentra en fase de exposición pública y seguirá adelante con los procedimientos estándar para la elaboración de dicha normativa “con total normalidad”.
La consellera García reafirmó la semana pasada que en Baleares se garantiza esta prestación a las mujeres en todos los centros sanitarios y hospitales públicos de la región.
La ministra de Sanidad, Mónica García, señaló el martes que el Ejecutivo había emitido un “requerimiento formal” a la Comunidad de Madrid, Aragón y Baleares por el incumplimiento en el establecimiento del registro de objetores, catalogándolo como una “herramienta esencial” que asegura los derechos de los profesionales de la salud. Todas las comunidades autónomas deben implementarlo, ya que “no es opcional ni una ocurrencia, sino un mandato legal”.
De esta forma, el Gobierno otorga un plazo de un mes para responder al requerimiento o adoptar medidas para cumplir con la ley, tal como estipula el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que exige un requerimiento previo antes de iniciar acciones judiciales. En este período, las autoridades pueden justificar su situación actual, informar sobre los trámites en proceso o rectificar cualquier incumplimiento.