Este miércoles, la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha requerido al Ministerio de Sanidad la implementación de una ley nacional que asegure una cantidad adecuada de fuentes de agua potable en las vías públicas de España, consideradas «fundamentales» para promover la hidratación ciudadana durante los períodos de calor, los cuales presentan temperaturas «más extremas» con «impactos directos» en la salud pública.
El inicio del verano se ha registrado como uno de los más tórridos en la historia de España, y de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Sanidad, las elevadas temperaturas de los últimos dos meses han causado la muerte de 1.180 individuos, lo que representa un aumento del 935 por ciento en comparación con el año 2024.
CECU ha criticado que en localidades «tan calurosas» como Murcia, la proporción es de una fuente por cada 3.026 personas, según se desprende de su estudio sobre la disponibilidad de sanitarios públicos y fuentes de agua en diversas ciudades del país.
«Las personas que trabajan en la calle o al sol, las que no tienen una vivienda acondicionada o eficiente o las que, por su nivel de renta, realizan un considerable esfuerzo económico si tienen que comprar agua cada vez que lo necesiten, son especialmente vulnerables», han indicado desde CECU.
Adicionalmente, otras localidades costeras que ven incrementada su población en verano debido al turismo, como Santanyí o Gandía, disponen de una fuente por cada 6.240 o 7.800 habitantes, respectivamente.
El reporte también destaca la disparidad entre municipios, donde lugares como Huesca, Guadalajara y Cuenca presentan cifras alentadoras, en contraste con Girona y Palma, que muestran promedios menos favorables.
Más de la mitad de los municipios no han compartido esta información, lo cual refleja una falta de transparencia y muestra una «indiferencia» por parte de las autoridades locales, ha expresado CECU.
«La protección de la ciudadanía no debe quedar al arbitrio de un determinado alcalde que, en muchos casos, prioriza la presencia de espacios privados como bares por encima de los derechos fundamentales de su ciudadanía», ha declarado el abogado de CECU Miguel Crespo.
Por estas razones, CECU ha instado tanto a Sanidad como a la Federación Española de Municipios y Providencias a establecer una normativa que obligue a los ayuntamientos a mantener un número «mínimo» de fuentes y sanitarios públicos por habitante.