La Coordinadora Estatal de VIH y sida (Cesida) ha aplaudido la puesta en marcha de los trámites para una regularización administrativa extraordinaria que afectará a más de medio millón de personas migrantes residentes en España. La organización considera que esta medida permitirá un acceso real al sistema sanitario y ayudará a dejar atrás una situación de exclusión estructural con impacto directo en su salud y en su calidad de vida.
Desde Cesida se remarca la relevancia de esta iniciativa en el marco de la respuesta frente al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El acceso ordinario a la sanidad posibilita avanzar en el diagnóstico, el tratamiento y la implementación de estrategias de prevención combinada, entre ellas la profilaxis preexposición (PrEP) y la profilaxis posexposición (PEP).
La entidad ha insistido en que un sistema sanitario que aspire a ser verdaderamente universal debe priorizar la atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, incluidas aquellas con un riesgo elevado de adquirir el VIH.
En esta línea, Cesida ha recalcado que la exclusión administrativa no solo implica una vulneración de derechos, sino que también debilita las políticas de salud pública y la capacidad de respuesta colectiva ante la epidemia.
El migrante venezolano con VIH y miembro de la ejecutiva de Cesida Jesús Cisneros ha puesto en valor el impacto positivo de la regularización para “todas estas personas que se han encontrado durante años trabajando en una economía sumergida y viviendo de una manera bastante precaria”.
Asimismo, ha pedido seguir avanzando en normas de este tipo y acelerar los procedimientos administrativos, ya que, tal y como ha señalado, estas personas llegan a España en muchas ocasiones “porque su vida depende de ello, dependen de la medicación del VIH para seguir viviendo”.
Las entidades de Cesida que trabajan con población migrante ya se han activado para apoyar la gestión de esta regularización, proporcionando información, acompañamiento social y asesoramiento jurídico a las personas que puedan verse beneficiadas por el proceso.
La Coordinadora Estatal de VIH y sida ha reclamado además prestar atención a los plazos y requisitos administrativos que continúan condicionando el acceso a la atención sanitaria. En concreto, ha señalado que los tiempos vinculados al empadronamiento, cuyo plazo de resolución puede alargarse hasta tres meses, siguen siendo un elemento que puede demorar de forma notable el acceso efectivo a la salud.