Por primera vez en España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos (CGCOP) ha activado un registro oficial destinado a documentar agresiones a podólogos, con el fin de incrementar la visibilidad de la violencia que enfrentan estos profesionales durante su práctica y fomentar el desarrollo de políticas públicas para prevenir estos incidentes.
Esta medida responde a la inquietud creciente por las agresiones no solo físicas, sino también psicológicas y verbales (insultos y vejaciones personales y profesionales) que experimenta este grupo, a menudo omitido en los informes oficiales, y toma ejemplo de sistemas similares ya utilizados en otras áreas de la salud, como la medicina y la enfermería, según informa el Consejo.
El sistema establecido por el CGCOP permitirá recopilar y procesar esta información para generar estadísticas nacionales actualizadas, comunicar estos datos a las autoridades sanitarias y sugerir estrategias de prevención y protección acordes con la realidad de los podólogos.
«Los profesionales sanitarios, y también los de la podología, somos el principal activo de nuestro sistema de salud, público o privado, y sin embargo seguimos siendo víctimas de agresiones que en muchos casos ni siquiera se denuncian», declara Elena Carrascosa, presidenta del CGCOP.
Investigaciones anteriores han indicado que los trabajadores de la salud enfrentan un riesgo considerablemente mayor de ser agredidos en comparación con otros sectores laborales. Sin embargo, la mayor parte de las estadísticas solo incluyen incidentes oficialmente reportados, excluyendo numerosos casos no denunciados por miedo o desconocimiento de los procedimientos de denuncia.
«Para poder evaluar la situación real y adoptar medidas eficaces, necesitamos registros que reflejen la magnitud del problema con datos reales. Por eso pedimos la implicación de todos los colegios y profesionales», enfatiza Carrascosa.
En esta línea, el Consejo General colabora con los colegios regionales y brinda apoyo a los colegiados que deseen denunciar, reafirmando el compromiso institucional con la política de tolerancia cero frente a las agresiones en el ámbito sanitario.
El proyecto también ha contado con el apoyo de José María Rodríguez Vicente, secretario general de la Organización Médica Colegial, dada su experiencia en el registro de agresiones y la necesidad de un enfoque interprofesional para abordar esta problemática.











