Solo cinco comunidades autónomas superan el 50% de abortos en hospitales públicos

El Ministerio de Sanidad ha divulgado un estudio referente al período 2015-2024 sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), revelando notables diferencias territoriales en el uso de centros públicos para esta práctica. Según el informe, únicamente Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%), Navarra (74,8%) y Cataluña (55,1%) superan el umbral del 50% de procedimientos realizados en instalaciones públicas.

“El informe recuerda por qué es clave que el aborto se lleve a cabo en nuestra sanidad pública. En primer lugar, para evitar en la que no sólo las comunidades paguen a clínicas privadas para que realicen los abortos, sino que cuando a una mujer se la expulsa de nuestro sistema público, tiene que buscar fuera esta prestación, que es una prestación que tenemos en nuestra cartera de servicios y es un derecho de las mujeres. En segundo lugar, porque queremos garantizar la libertad de elección de las mujeres”, indicó la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Respecto a otras comunidades, la situación es menos alentadora, con porcentajes significativamente menores como se observa en Baleares (45,4%), Canarias (28,6%) y otras regiones con cifras incluso más bajas. “Cuatro de cada cinco abortos en España se sigue haciendo en la privada y basta con que Madrid y Andalucía alcancen el nivel de las comunidades autónomas más avanzadas para que de un salto histórico cuantitativo”, explicó, destacando la concentración de abortos en estas áreas.

En 2024, de los 106.172 abortos registrados en España, 22.563 (21,25%) se realizaron en centros públicos, frente a 83.609 (78,75%) en clínicas privadas, evidenciando un incremento en la participación de la red pública respecto a años anteriores.

“Tenemos que encontrar esa garantía de que las mujeres tengan un acceso más fácil y más equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo”, afirmó García, destacando la necesidad de mejorar la accesibilidad y las condiciones en las que se ofrece esta prestación dentro del sistema público de salud.