QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha confirmado la asignación de 68.058.000 euros a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) con el propósito de fortalecer los servicios de salud bucodental para 2025.
“Desde el Ministerio de Sanidad tenemos muy claro que la salud bucodental no puede depender de las condiciones socioeconómicas ni del bolsillo de las familias. Es una cuestión de salud, de equidad y de justicia social”, declaró Mónica García, ministra de Sanidad, durante la rueda de prensa tras el encuentro.
Este financiamiento forma parte de un plan más amplio que busca reforzar los servicios públicos de salud dental y continuar con las iniciativas que comenzaron con la aprobación de la expansión de la cartera común de servicios del SNS en esta área en diciembre de 2021, periodo desde el cual se han destinado más de 180 millones de euros para su implementación gradual.
El enfoque del proyecto de expansión es principalmente preventivo y se centra en los grupos de mayor vulnerabilidad. Hasta la fecha, se ha brindado cobertura a niños hasta 14 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad del 33% o superior y pacientes con cáncer en la región cervicofacial.
Para 2025, se incluirá por primera vez a las personas mayores de 65 años, un sector que, según Sanidad, ha tenido hasta ahora una protección pública limitada y sufre una alta incidencia de enfermedades periodontales ligadas a patologías crónicas. Un 10% del total del fondo se ha reservado específicamente para este grupo.
“Por primera vez la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud incorpora de manera prioritaria a la población que es mayor de 65 años, que hasta ahora tenía una cobertura muy limitada. Este colectivo presenta también una alta prevalencia de enfermedades periodontales y otras patologías que están asociadas a otras enfermedades crónicas. La salud bucodental entendemos que tampoco se jubila”, enfatizó la ministra García.
El 90% restante del presupuesto se utilizará para consolidar la atención a los grupos ya priorizados, con un método de distribución fundamentado en los datos demográficos recientes del INE, incidencias clínicas y prevalencia de discapacidad.
INVERSIONES Y HORIZONTE TEMPORAL
Además, las comunidades autónomas podrán usar los fondos para contratar personal, adquirir equipamiento, mejorar infraestructuras y cubrir otros gastos esenciales para la puesta en marcha de los servicios. Los proyectos deben realizarse en un máximo de tres años desde la transferencia efectiva de los fondos, con un control riguroso de los compromisos de gasto que debe completarse antes del 31 de diciembre de 2025.
Se ha establecido un sistema de seguimiento y justificación por parte de las comunidades autónomas e INGESA, que incluye la entrega de planes de ejecución, cronogramas, memorias de actividad y resultados.
