QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Congreso ha dado su visto bueno a la proposición de ley del PP que busca ofrecer una ayuda económica a las personas celíacas mediante una deducción fiscal en el IRPF de hasta 600 euros, además de establecer un registro nacional para esta afección crónica.
La iniciativa, que ha sido respaldada por unanimidad, continuará su proceso legislativo tras recibir apoyo en una sesión plenaria a la que asistieron miembros de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE).
Maribel Sánchez, diputada del PP, defendió la medida que podría beneficiar a aproximadamente 500.000 españoles. En su discurso, criticó la “injusticia añadida” que sufren estas familias al “pagar más por su alimentación para no enfermar”.
“Porque su tratamiento no está en un hospital, su tratamiento está en la despensa de sus casas y ese tratamiento, que se llama una dieta estricta sin gluten, es la única medicina que tienen todos esos enfermos”, afirmó Sánchez, destacando que el coste de productos básicos como el pan o las galletas es de 3 a 4 veces superior para ellos.
Según el ‘Informe de precios de productos específicos para personas celiacas’ presentado por FACE, el coste adicional anual estimado por seguir una dieta sin gluten es de 997,85 euros. Para mitigar este gasto, el PP propone una deducción en el IRPF de hasta 600 euros por cada miembro de la familia diagnosticado con celiaquía.
Además, el partido sugiere crear el Registro Estatal de Pacientes con Enfermedad Celiaca, adscrito a la Dirección General de Salud Pública, y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, que gestionará el registro y el archivo asociado.
“Queremos que quede muy claro que esta iniciativa está abierta a las aportaciones de todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Puede que prefieran otro método de evaluación, que les guste más otro procedimiento o que la cantidad propuesta les parezca alta”, explicó Sánchez.
Finalmente, solicitó a Francina Armengol, presidenta del Congreso, que no relegue la ley al olvido una vez aprobada, como ha ocurrido con otras 41 iniciativas del PP. También instó al Gobierno y sus aliados a asegurar financiación para la ley, evitando así dejar desamparados a los pacientes como ha sucedido con los de ELA durante más de un año.
