El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto que amplia el alcance de la Ley ELA. Este decreto define los criterios generales y operativos para identificar cuándo se puede aplicar la ley, incluyendo un listado preliminar de enfermedades con alta probabilidad de cumplir estos criterios, sujetos a verificación para su reconocimiento oficial.
Dentro de este listado, se encuentran patologías como la atrofia muscular progresiva y la esclerosis lateral primaria; además de las encefalopatías espongiformes transmisibles, causadas por priones; el infarto cerebral en la protuberancia con síndrome de cautiverio, y la atrofia muscular espinal tipo I, que no responde a tratamientos existentes.
La inclusión en este listado no cierra la puerta a la evaluación de otros trastornos, sean neurológicos o no, siempre que se considere que puedan cumplir con los criterios establecidos. Esto asegura que no se excluya a nadie injustamente por no estar su enfermedad mencionada explícitamente en el listado.
El decreto también detalla un procedimiento específico para la solicitud y verificación de cumplimiento, que puede ser iniciado tanto por el interesado como por su representante legal. La evaluación será llevada a cabo por el personal médico encargado, y deberá completarse en un plazo máximo de un mes.
La resolución de reconocimiento, que será válida en todo el territorio nacional y otorgará acceso a los derechos estipulados en la Ley 3/2024 de 30 de octubre, deberá ser emitida en un máximo de tres meses.
Criterios objetivos para reconocer la situación
Los criterios para el reconocimiento son acumulativos y consideran la irreversibilidad del proceso, la falta de respuesta a los tratamientos, la necesidad de cuidados complejos y la rápida progresión de la enfermedad. También se incluyen criterios operativos para su verificación clínica y social, como el uso continuado de dispositivos de soporte vital, la pérdida acelerada de autonomía y la frecuencia de ingresos hospitalarios urgentes no programados.
Este reconocimiento facilitará los trámites de valoración de discapacidad y dependencia, cumpliendo con la ley para reducir los tiempos administrativos y proteger a los afectados en etapas avanzadas de enfermedades complejas.
















