El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha dado a conocer este jueves el proyecto de Real Decreto con el que el Gobierno pretende impulsar una alimentación más sana y acotar la oferta de productos ultraprocesados en espacios de titularidad pública como museos, bibliotecas, universidades o instalaciones deportivas, además de en hospitales y residencias.
“Es una obviedad, que no resulta comprensible, que la Administración permita que en los colegios, hospitales y residencias se primen ofertas alimentarias insanas. Más bien al contrario, la alimentación saludable debe ser una prioridad para los poderes públicos”, ha señalado Bustinduy durante la XVI Convención NAOS, donde ha defendido que la Administración debe dar ejemplo en materia de nutrición.
El Real Decreto, que se somete desde este jueves a información pública, fija unos criterios mínimos de calidad nutricional y sostenibilidad para toda la restauración y venta de alimentos en centros públicos, entre ellos museos, bibliotecas, universidades, centros deportivos y comedores de centros de trabajo de la Administración.
Estas exigencias también se extenderán a aquellos centros, tanto públicos como privados, que atienden a personas dependientes o con necesidades especiales, como centros sanitarios y sociosanitarios, residencias y centros de mayores, recursos de atención a mujeres víctimas de violencia de género o dispositivos de tutela de menores.
MÁXIMO DOS RACIONES SEMANALES DE ULTRAPROCESADOS
La nueva regulación limitará la presencia de ultraprocesados y frituras en los menús. En los centros con régimen residencial o de pensión completa solo se podrán ofrecer como máximo dos raciones semanales de este tipo de productos. En el caso de desayunos y meriendas, el tope será de una ración a la semana.
Para los menús dirigidos a población infantil en todos los centros contemplados, se eliminarán por completo los ultraprocesados. Asimismo, se tendrán en cuenta las necesidades individuales de las personas usuarias por motivos de salud, éticos o religiosos. La norma también obligará a que, al menos, un 80 por ciento de los artículos disponibles en las máquinas ‘vending’ sean saludables, regulando la presencia de productos ultraprocesados y de baja calidad nutricional en estas máquinas, que, además, no podrán situarse en las filas centrales ni en los puntos de mayor visibilidad. Esta medida se acompaña de la instalación de fuentes claramente señalizadas que proporcionen agua potable gratuita en las dependencias.
El texto legal prevé, además, que los menús se basen en alimentos frescos, garantizando un 90 por ciento de frutas y hortalizas frescas de temporada y una oferta variada. Para ello, se fomentará que las comidas se elaboren en cocinas propias. La norma fijará un porcentaje mínimo de frutas y verduras de temporada (90%) y un 10% procedente de circuitos cortos y de producción ecológica.
Igualmente, se introducirán cribados nutricionales en hospitales y centros residenciales, tanto en el momento del ingreso como de forma periódica, con el fin de prevenir y detectar de manera temprana situaciones de desnutrición o riesgo nutricional. A partir de estos cribados se diseñarán planes de atención nutricional adaptados a cada persona, se les comunicará el resultado y las medidas acordadas, y se ofrecerán recomendaciones específicas al alta.
Esta iniciativa se suma al Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles aprobado por el Gobierno en abril de 2025, que garantiza que todos los escolares reciban cinco comidas saludables a la semana en los centros educativos, impulsando el consumo diario de frutas y verduras frescas y de temporada, en coherencia con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
REGULAR LA PUBLICIDAD DE ALIMENTOS INSANOS
En paralelo, el ministro ha avanzado que el siguiente objetivo de Consumo será intervenir sobre la publicidad de alimentos insanos dirigida a la población infantil y juvenil. “En este país, el 80 por ciento de niños y adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables. Pero son aquellos que están más expuestos a estos mensajes publicitarios quienes los consumen en mayor proporción”, ha denunciado Bustinduy, aludiendo al impacto de la presión comercial sobre los hábitos de consumo.
En este sentido, ha recalcado que no se puede permitir que los intereses económicos prevalezcan sobre el derecho a la salud de niños y adolescentes y que, como resultado, “se vean bombardeados de manera cotidiana y diaria con cantidades ingentes de publicidad de alimentos que son contrarios a las recomendaciones para que puedan gozar de buena salud”.
“Las cifras dicen que solo en el soporte televisivo cada niño de este país recibe de media 11 impactos publicitarios de alimentación malsana cada día. Creo que esta es una realidad que no es coherente con el resto de políticas públicas que estamos intentando implementar”, ha apuntado, insistiendo en la necesidad de coherencia entre las distintas estrategias de salud pública.
Por último, Bustinduy ha remarcado que las tres líneas de actuación del Ministerio –comedores escolares, regulación en centros públicos y control de la publicidad– constituyen un “programa de mínimos” que puede servir de punto de partida para avanzar “a paso decidido” hacia la plena garantía del derecho a una alimentación adecuada.