La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su preocupación por la inexistencia de protocolos uniformes en el sector empresarial y en las Administraciones públicas enfocados en la prevención del suicidio, considerado una de las principales causas de muerte externa y frecuentemente relacionado con el ambiente de trabajo.
En el contexto del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, celebrado este miércoles, el sindicato ha instado a empresas, Administraciones y la comunidad a colaborar y tomar acciones para asegurar ambientes de trabajo que promuevan la salud mental y el bienestar.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el año 2024 registró 3.846 suicidios en España (2.834 hombres y 1.012 mujeres), representando una disminución del 6,6 por ciento en comparación con el año 2023, pero aún equivalente a más de 10 fallecimientos diarios.
Para CSIF, el entorno laboral es crucial en la incidencia del suicidio, debido a que puede generar un alto nivel de estrés emocional por factores como el estrés crónico, el acoso en el trabajo, la inestabilidad, la presión excesiva o la falta de apoyo emocional.
Ha resaltado especialmente la vulnerabilidad de ciertos grupos profesionales, incluyendo a los trabajadores de la salud, cuerpos de seguridad, emergencias, educación, trabajadores sociales y personal de instituciones penitenciarias.
Consecuentemente, la organización sindical ha demandado que se considere la profesión en los registros nacionales de suicidio y ha abogado por la implementación de programas de prevención de salud mental y conductas suicidas específicos para cada sector, con la colaboración de delegados de prevención.
SERVICIOS DE PREVENCIÓN
El sindicato ha criticado que las mutuas y los servicios de prevención «no están asumiendo su papel clave» en el cuidado de la salud mental de los trabajadores, y ha propuesto fortalecer estas redes con especialistas en salud mental y facilitar el acceso a servicios psicológicos gratuitos, externos y confidenciales.
Además, ha sugerido que las evaluaciones de riesgos laborales incluyan el riesgo de suicidio y ha pedido formación para detectar señales de alerta en delegados sindicales, mandos intermedios y responsables de recursos humanos, así como la creación de nuevas figuras y comisiones de prevención.
También ha solicitado mejoras en las condiciones laborales que reduzcan la carga de trabajo, permitan una mejor conciliación, aseguren estabilidad y creen entornos libres de violencia. Ha pedido, además, recursos para empleados en riesgo de suicidio o que hayan sobrevivido a intentos.
CSIF ha valorado el Plan Nacional de Prevención del Suicidio 2025-2027, aprobado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en febrero pasado, pero ha criticado su «escaso enfoque» en el sector laboral y la «limitada implicación» de los agentes sociales.
Finalmente, ha exigido un mayor presupuesto y coordinación entre mutuas, la Inspección de Trabajo, Sanidad y Justicia, y que la prevención del suicidio se integre en las políticas de riesgos laborales, concluyendo que «La salud mental es un derecho, no un privilegio».