Una delegación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) participará en la próxima reunión del Consejo General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), convocada para el 18 de marzo. En este encuentro, la organización reclamará un balance detallado del primer año de vigencia del nuevo concierto sanitario y expondrá las quejas recibidas por denegaciones de pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas y dispensación de medicamentos.
CSIF, a partir de los datos aportados por este organismo dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha señalado que, a comienzos de 2026, un total de 30.711 mutualistas ejercieron su derecho a cambiar de entidad. De ellos, 4.281 optaron por pasar a la Sanidad Pública. La mayoría de los trasvases al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) proceden de la aseguradora Adeslas, al ser la compañía concertada con mayor volumen de asegurados.
Tras la consolidación de los datos de enero, el porcentaje de mutualistas adscritos a entidades privadas concertadas se sitúa en el 62 por ciento, frente al 38 por ciento que ha elegido la asistencia sanitaria pública. CSIF vincula esta tendencia, entre otros motivos, a la salida de DKV del concierto, a la incertidumbre generada por este cambio, a la escasez de determinados especialistas y a los retrasos en la asignación de citas médicas.
En cuanto al tipo de reclamaciones recibidas, el sindicato destaca que se refieren, sobre todo, a la denegación de pruebas PET indicadas en servicios de Oncología, a la negativa a realizar intervenciones quirúrgicas con las técnicas prescritas, al rechazo a la dispensación de medicación de uso hospitalario y a la falta de cobertura de distintos fármacos. También denuncia demoras en el reembolso de importes por asistencia sanitaria recibida en el extranjero.
CSIF apunta, además, a la existencia de carencias de especialistas y médicos de Atención Primaria, desaparición de cuadros médicos en ciertas localidades, obstáculos para conseguir primeras citas, desigualdades territoriales entre ciudades, diferencias en la atención, reducción de la oferta asistencial y concentración de especialistas en centros propios de las aseguradoras. A todo ello suma trabas burocráticas y recuerda las dificultades con las que arrancó el concierto actual, así como los problemas de financiación asociados.
Sistema Integrado de Receta Electrónica
En la reunión del Consejo General también se abordará la situación del Sistema Integrado de Receta Electrónica. CSIF ha recordado que el pasado 27 de febrero se puso en marcha en la Comunidad Valenciana y que el próximo 23 de marzo se implantará en Castilla y León. Con la incorporación de estas dos comunidades autónomas, únicamente quedarán Cataluña y Andalucía por sumarse al sistema en todo el territorio nacional, algo que se prevé suceda antes de junio.
La organización sindical explica que la puesta en marcha en cada comunidad depende de que todas las oficinas de farmacia dispongan del software necesario y plenamente operativo para dispensar las recetas electrónicas concertadas. No obstante, ha advertido de que, pese al avance en la implantación, la receta electrónica solo alcanza aproximadamente al 30 por ciento de los mutualistas, debido a la falta de equipamiento informático en numerosos centros médicos concertados y a la limitada implicación de parte del personal facultativo en la emisión de dichas recetas.