La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado que el Observatorio para la Prevención del Suicidio, cuya creación ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, incorpore en sus estudios las condiciones de trabajo, al considerar que pueden actuar como un factor que agrava las conductas suicidas.
CSIF ha celebrado la puesta en marcha de este Observatorio, una reivindicación que el sindicato venía planteando desde hace años como instrumento imprescindible para proteger la salud mental, consolidar entornos laborales seguros y evitar situaciones que puedan derivar en estrés crónico y en riesgos psicosociales.
El suicidio figura entre las principales causas de fallecimiento en España. De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se produjeron 3.846 suicidios (2.834 hombres y 1.012 mujeres), lo que supone un descenso del 6,6 por ciento respecto a 2023, aunque todavía representa más de 10 muertes al día.
La organización sindical ha subrayado que la conducta suicida guarda relación en numerosos casos con el entorno profesional, derivada del estrés mantenido en el tiempo, el acoso en el trabajo, la precariedad, la presión desmedida o la ausencia de apoyo emocional. Ha señalado, además, que profesionales de la sanidad, cuerpos de seguridad, servicios de emergencias, personal docente, trabajadores sociales y empleados de instituciones conforman colectivos especialmente expuestos.
Según ha denunciado el sindicato, no existen protocolos extendidos en empresas y administraciones para prevenir el suicidio y afrontar de forma adecuada los riesgos psicosociales. Al mismo tiempo que aumentan los problemas de salud mental vinculados al trabajo, ha reprochado que las mutuas y los servicios de prevención no estén asumiendo plenamente su función esencial en la defensa de la salud mental.
En esta línea, CSIF ha urgido a desplegar medidas que aseguren entornos de trabajo saludables, que promuevan el bienestar psicológico y contribuyan a la prevención del suicidio. Entre estas iniciativas, ha planteado que la profesión figure en los registros nacionales de suicidio para poder detectar factores laborales, así como elaborar planes de prevención específicos para cada sector, con la implicación de los delegados de prevención.
Asimismo, ha solicitado que el riesgo de suicidio se integre en las evaluaciones de riesgos laborales; que se garantice la presencia de especialistas en salud mental en los servicios de prevención y el acceso a atención psicológica gratuita, externa y confidencial; y que se ofrezca formación a delegados sindicales, mandos intermedios y responsables de recursos humanos para identificar señales de alarma.
Además, la central sindical ha reclamado mejoras en las condiciones laborales, mediante la reducción de la sobrecarga de trabajo, el impulso de la conciliación, la estabilidad en el empleo y la creación de entornos libres de violencia; la puesta en marcha de recursos preventivos psicosociales y comisiones de salud mental en el ámbito laboral; y la habilitación de dispositivos de apoyo para empleados en riesgo suicida o supervivientes.