La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha revisado los presupuestos sanitarios que han hecho públicos hasta ahora las comunidades autónomas para 2026 y ha advertido de que, pese a que en todas ellas se ha incrementado la dotación económica por habitante respecto al ejercicio previo, ese avance es "insuficiente" para cubrir las necesidades reales del sistema público de salud.
La FADSP ha precisado que prácticamente todas las comunidades, salvo cinco, han presentado ya sus cuentas, aunque todavía falten trámites para su aprobación definitiva y exista la posibilidad de que introduzcan cambios o incluso terminen prorrogando los presupuestos. Las cinco autonomías que aún no han registrado sus proyectos y para las que la federación da por hecho que mantendrán los de 2025 son Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia.
Según sus cálculos, el presupuesto sanitario per cápita se ha incrementado de media un 3,44 por ciento respecto a 2025, es decir, 69,25 euros más por persona. La federación ha subrayado que, aun así, el gasto sanitario por habitante seguirá por debajo de la media de la Unión Europea y muy lejos de los niveles de los países de la zona euro. Por ello, ha vuelto a plantear la reivindicación ya formulada en 2022 de elevar en 1.000 euros per cápita la financiación sanitaria.
La FADSP ha señalado que el mayor presupuesto per cápita, igual que en 2025, corresponde a Asturias, con 2.506,71 euros por residente, lo que implica un aumento de 84,43 euros frente al año anterior. En el extremo opuesto sitúa a Murcia, que mantiene las cuentas prorrogadas. Si se tiene en cuenta solo a las comunidades que sí han presentado sus presupuestos para 2026, Madrid es la que registra la cifra más baja, con 1.537,28 euros por habitante, tras una subida moderada de 55,03 euros.
La organización ha remarcado que el escenario es especialmente delicado en las autonomías que optan por prorrogar sus presupuestos, porque en el mejor de los supuestos las nuevas cuentas no entrarían en vigor hasta el segundo trimestre de 2026, lo que retrasará durante meses el imprescindible refuerzo del sistema sanitario en esos territorios.
En su valoración final, la federación ha recalcado que el incremento es "escaso" y está "muy mal repartido", de modo que persiste la insuficiencia financiera global del sistema de salud y se consolidan las desigualdades entre comunidades.
Por último, la FADSP ha vuelto a reclamar un mayor esfuerzo inversor para fortalecer la sanidad pública, implantar fórmulas de financiación finalista que permitan recortar las fuertes diferencias territoriales y asegurar el cumplimiento del derecho constitucional a la protección de la salud, así como un refuerzo específico de la Atención Primaria, algo que considera "resulta imposible" con los presupuestos actualmente planteados.