QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La asociación El Defensor del Paciente ha solicitado al Gobierno la creación de un registro nacional de incidentes médico-sanitarios que sirva para prevenir “situaciones graves” en el ámbito de la asistencia sanitaria-administrativa.
La petición ha sido formulada por la presidenta de la entidad, Carmen Flores López, a través de una carta remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Sanidad, Mónica García, donde recalca que este sistema de registro no debe quedar “en manos de las comunidades”.
En la misiva, Flores López reclama además al Ejecutivo que estudie “seriamente” la supresión de los aforamientos o privilegios procesales de los cargos políticos, al considerar que se trata de una medida “necesaria y urgente” para asegurar la igualdad ante la ley y reforzar la transparencia en la gestión pública.
La responsable de El Defensor del Paciente también urge a derogar de manera “inmediata” la ley 15/97, que posibilita la colaboración público-privada en la sanidad pública, con la finalidad de poner fin a los “chanchullos y desviación de dinero público a las empresas”, que, según denuncia, afectan “gravemente” a la salud de la población y al funcionamiento de los servicios públicos.
En este contexto, la ministra de Sanidad avanzó el domingo en una entrevista con el diario ‘El País’ que dicha norma será derogada y que el Gobierno prevé sacar adelante a comienzos de 2026 una nueva legislación destinada a poner “coto” al ánimo de lucro y a blindar y proteger el sistema sanitario frente a “fondos de inversión, al ánimo de lucro y la depredación”.
Estas manifestaciones se producen tras la polémica generada por la filtración de un audio del CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que anima a rechazar pacientes o procedimientos no rentables en el Hospital de Torrejón, un centro de titularidad pública cuya gestión está en manos de dicha compañía.
