El Consejo General de Enfermería (CGE) ha advertido este martes de que la decisión de la Audiencia Nacional de suspender de forma cautelar la aplicación de la guía que permitía a las enfermeras indicar, utilizar y autorizar medicamentos para tratar infecciones no complicadas del tracto urinario inferior en mujeres adultas provocará un incremento de las listas de espera en el sistema sanitario, haciéndolo menos eficiente y en detrimento de las pacientes.
El organismo colegial se ha pronunciado así, mediante un comunicado, tras conocerse el auto de la Audiencia Nacional, que ha aceptado la petición de la Organización Médica Colegial (OMC) y ha acordado detener de manera provisional la efectividad de la Resolución de 9 de agosto de 2024 de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, por la que se validaba dicha guía y que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en agosto de 2024. Con esta resolución judicial, la guía queda sin posibilidad de uso hasta que se resuelva el procedimiento contencioso administrativo.
“La guía de la que es objeto la suspensión cautelar, así como el resto de guías que afectan a distintas áreas de la salud, permiten agilizar la atención, descongestionar el sistema e incrementar la seguridad jurídica de las enfermeras”, ha señalado el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, remarcando que la finalidad es mejorar la atención a la persona enferma y no cuestionar ni invadir las funciones propias del médico.
El CGE ha subrayado que permitir que las enfermeras actúen dentro de su marco competencial contribuiría a abordar con rapidez y eficacia este problema de salud, que afectará al menos una vez en la vida a la mitad de las mujeres y cuyo abordaje terapéutico está “claramente pautado y eficaz”. En este sentido, el Consejo defiende que la prescripción enfermera, en el ámbito que le corresponde, racionaliza los circuitos asistenciales y refuerza la continuidad de los cuidados, así como las tareas de prevención y el seguimiento de los tratamientos.
Críticas del CGE al enfoque de la OMC
Por este motivo, la organización enfermera ha censurado que la ofensiva judicial emprendida por la Organización Médica Colegial responda a un afán “puramente corporativista”. A su juicio, el razonamiento de la OMC, que sostiene que la prescripción de fármacos constituye un acto médico que exige seis años de Grado en Medicina y otros cuatro o cinco de formación especializada, se está utilizando de forma exclusiva frente al colectivo de enfermería.
“No ven problema en que odontólogos y podólogos también figuren como prescriptores en la citada ley sanitaria a pesar de que su formación no es la de los médicos y, sin ir más lejos, cuentan con menos créditos en materia de farmacología en el Grado que una enfermera. Sin embargo, la obcecación de los compañeros médicos se focaliza únicamente en una profesión hermana como es la Enfermería”, ha recalcado el CGE.
Ante los “riesgos” de llevar a los tribunales y paralizar los avances en el ámbito sanitario y las nuevas prácticas que, a su entender, dañan tanto a los pacientes como al propio sistema de salud, el Consejo General de Enfermería sostiene que la vía de salida pasa por sacar adelante la reforma de la Ley del Medicamento. El anteproyecto de esta norma reconoce a las enfermeras como profesionales con plena capacidad de prescripción dentro de su campo competencial, equiparándolas a otras categorías sanitarias.
“Hay que apostar por agilizar la asistencia sanitaria, por aportar valor al SNS y por dar seguridad jurídica a las enfermeras en las actividades que realizan en su día a día, que es lo que se está realmente aportando con las guías de indicación, uso y autorización de la dispensación aprobadas por el Ministerio de Sanidad, contando con un grupo de expertos multidisciplinar, donde hay médicos, farmacéuticos y enfermeras, a los que se está ninguneando al recurrir estas guías. Pedimos respeto y ajustarnos a la legislación vigente”, ha concluido Pérez Raya.