El Consejo General de Enfermería (CGE), a través de su Comisión Deontológica, ha difundido una nueva infografía en la que recalca la necesidad de preservar la confidencialidad de los pacientes, advirtiendo de que su vulneración puede derivar en sanciones económicas, despidos e incluso penas de prisión.
“Tenemos un compromiso profundo con la salvaguarda de la dignidad, libertad e intimidad de los pacientes”, ha declarado el presidente de este organismo, Florentino Pérez Raya, quien ha añadido que, por ello, es “fundamental” este tipo de documentos para conocer “lo que dice la ley y cómo puede afectar su vulneración tanto al profesional como al paciente, que ve infringida su privacidad y, con ella, la confianza mostrada al profesional”.
El material gráfico, disponible de forma libre y gratuita en todos los idiomas oficiales del Estado, pretende reforzar el compromiso ético de los profesionales de Enfermería a la hora de mantener la confidencialidad a lo largo de todo el proceso asistencial.
En esta línea, se subraya que la reserva de la información clínica no es opcional, sino una obligación legal y deontológica, que alcanza a cualquier dato obtenido en la práctica asistencial y a cualquier soporte utilizado para su registro.
“Ser enfermera no legitima a consultar información de salud de personas con las que no se tiene una relación asistencial directa, ni siquiera de amigos, familiares o con consentimiento firmado por ellos...”, ha confirmado, por su parte, la presidenta de la Comisión Deontológica Nacional de Enfermería del Consejo General de Enfermería, Tayra Velasco.
Acceso indebido a la historia clínica
En este contexto, la corporación enfermera advierte de que el acceso no autorizado a historias clínicas se ha convertido en uno de los supuestos más habituales en los últimos años, pese a que conlleva graves consecuencias penales, importantes multas e incluso la inhabilitación para ejercer.
La infografía incluye un bloque específico dedicado a la historia clínica, en el que se recuerda que “se deben registrar con objetividad y precisión todos los cuidados y procedimientos”, y se incide en que “su acceso solo es legítimo en los supuestos previstos por la Ley, como son una relación clínica directa o investigación autorizada”.
El documento también llama la atención sobre la difusión de datos sanitarios sin autorización a personas ajenas al proceso asistencial, una conducta que se ha intensificado con el uso de internet y las plataformas sociales.
“La divulgación de datos confidenciales a terceros ajenos al proceso asistencial, incluyendo redes sociales y medios de comunicación, representa otra causa frecuente que exige gran concienciación ética, especialmente en el uso responsable de plataformas digitales, respetando la privacidad y confidencialidad de las personas que reciben cuidados”, ha abundado Velasco, quien ha agregado que esta última representa “uno de los pilares esenciales de la relación asistencial”.
Por último, la presidenta de la Comisión Deontológica Nacional de Enfermería del Consejo General de Enfermería ha citado otras consecuencias de violar esta confidencialidad, como “indemnizaciones por daños y perjuicios”, el “daño a la imagen de la profesión” y “deterioro de la calidad asistencial”.