El Defensor del Pueblo vuelve a poner de relieve la fuerte presión que soporta el sistema sanitario público por las dificultades de acceso al Sistema Nacional de Salud, los retrasos en consultas, pruebas e intervenciones, y la escasez de facultativos en áreas clave como la Atención Primaria, la salud mental y la sanidad penitenciaria. Así se recoge en el Informe anual de actividad de la institución correspondiente a 2025, registrado este martes en el Congreso de los Diputados.
En el área de sanidad, que un año más ha concentrado en torno al 4 por ciento del total de quejas recibidas, la sobrecarga asistencial no resuelta se sitúa entre los asuntos con mayor peso. El informe subraya que “el incremento de las listas de espera en muchos servicios hospitalarios y de la atención sanitaria especializada, continúa siendo uno de los problemas de más impacto para el conjunto del sistema sanitario y que provoca un mayor grado de insatisfacción en los pacientes”. El Defensor vincula este aumento de las listas de espera de consultas externas, pruebas diagnósticas y cirugías con el repunte de bajas laborales de larga duración, lo que transforma el problema en un fenómeno que trasciende la salud y repercute también en el mercado de trabajo y en el sistema de protección social.
El documento atribuye parte de estas disfunciones a fallos en la organización y redistribución de los profesionales sanitarios. Al mismo tiempo, advierte de la complejidad normativa que rodea los requisitos y condiciones para el reconocimiento y ejercicio del derecho a la asistencia sanitaria con financiación pública. Por ello, considera imprescindible que las administraciones competentes, tanto en los centros sanitarios como en los servicios de información del Instituto Nacional de la Seguridad Social, “intensifiquen la labor de orientación sobre las condiciones en que cabe reconocer este derecho”.
En la tramitación de diversas quejas por denegación de asistencia sanitaria, en las que no se había tenido debidamente en cuenta el reconocimiento previo del derecho de asilo, el Defensor detectó que el problema obedecía a un déficit de información o de comprensión de los procedimientos por parte del personal de los centros de salud. También en 2025, la institución que encabeza Ángel Gabilondo intervino en varias reclamaciones sobre la facturación de la asistencia sanitaria por parte de hospitales públicos, cuando el coste de la atención debía recaer en un tercero o cuando la persona atendida carecía del derecho reconocido a la asistencia con cargo al Sistema Nacional de Salud. En uno de los expedientes se evidenció un error en el proceso de cobro, que fue corregido por la Administración.
El informe recoge, además, nuevas quejas vinculadas a los límites de edad establecidos para acceder a los tratamientos de reproducción asistida incluidos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, regulada por el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, y al procedimiento previsto para su actualización.
Continuidad asistencial y precariedad del personal sanitario
Durante 2025, el Defensor del Pueblo siguió recibiendo comunicaciones de diversas administraciones sobre la necesidad de garantizar en mejores condiciones la continuidad asistencial de los pacientes más vulnerables cuando se produce la vacante prolongada o indefinida de su profesional de Atención Primaria. El informe recuerda que “el objetivo es que se refuerce la continuidad de esa atención (el llamado principio de longitudinalidad), siempre que sea posible, a cargo de un profesional de referencia”, y menciona un expediente relativo a la cobertura de la atención pediátrica en centros de salud ante situaciones de incapacidad temporal, así como quejas por determinadas restricciones que afectaban a consultorios y centros rurales.
La institución también ha constatado deficiencias en la comunicación entre los distintos niveles asistenciales, tanto en la remisión de los resultados de pruebas diagnósticas al médico de familia como en las derivaciones a consultas de atención especializada. “Estos desajustes interfieren negativamente en la continuidad asistencial”, concluye el informe, que pone de relieve casos en los que estos fallos han tenido consecuencias en la atención prestada.
El Defensor insiste, como ya ha hecho en informes anteriores, en la necesidad de una planificación “más eficiente” de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, orientada a mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios. Para ello, considera esencial una programación adecuada de los procesos de acceso al empleo público y una planificación que garantice el dimensionamiento, la distribución y la estabilidad de las plantillas.
Asimismo, subraya la urgencia de culminar los procesos selectivos previstos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, para reducir la elevada temporalidad en el empleo público sanitario. Esta situación incide, a su vez, en otras convocatorias de provisión de plazas, como los concursos de traslados, que además adolecen de falta de periodicidad en muchas categorías estatutarias.
En el ámbito de la salud mental, el Defensor del Pueblo analiza actuaciones en varias comunidades autónomas y concluye que la falta de psicólogos clínicos se debe a la escasa disponibilidad de especialistas en salud mental en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Recuerda, en este sentido, que “el incremento de bajas prolongadas relacionadas con la salud mental no puede desligarse de los problemas persistentes para dotar debidamente a las plantillas de profesionales de esta especialidad”.
Graves carencias en la atención sanitaria en prisión
El informe dedica un apartado específico a la sanidad penitenciaria. El Defensor del Pueblo advierte de que 15 macrocárceles, que concentran alrededor del 30 por ciento de las personas privadas de libertad, operan con plantillas médicas muy por debajo de lo previsto. Esta situación provoca que haya días y noches sin médico y que se trasladen funciones clínicas al personal de enfermería, que “consideran que tienen que hacer funciones que no les corresponden (prescripción de medicación, partes de lesiones, aplicación de aislamientos)”.
Según detalla la institución, “es habitual que las relaciones de puestos de trabajo de estos grandes centros prevean la dotación de entre ocho y diez médicos. No todos los centros tienen cubierta la plaza de subdirector médico. En algunos de ellos únicamente se dispone de médicos contratados que trabajan en turnos de 24 horas y descansan dos o tres días, de modo que uno o dos días a la semana y unas tres noches a la semana no hay médico. Entonces se cubren con telemedicina dos días a la semana”.
Los centros penitenciarios elaboran una planificación mensual y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias determina los días en los que se puede recurrir a la telemedicina. El Defensor recalca que este recurso está especialmente condicionado por el régimen de vida en prisión y no puede sustituir de forma plena la presencia física de médicos. Además, denuncia la pérdida de citas con el Sistema Nacional de Salud por problemas en los traslados, reclama que se diferencien claramente las salidas médicas urgentes y solicita la mejora de las infraestructuras sanitarias en prisión, así como la implantación de un registro sistemático de intoxicaciones por drogas que permita reforzar la protección de la salud de las personas internas.