El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una nueva norma que dejará sin efecto la Ley 15/1997, que abría la puerta a la colaboración público-privada en el ámbito sanitario. Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende acotar este modelo a supuestos muy concretos y excepcionales, siempre tras una evaluación previa, con la finalidad de reforzar y priorizar la gestión directa pública de los servicios de salud.
“Esta ley personalmente me parece un triunfo de la sociedad civil, un triunfo de las demandas ciudadanas desde hace muchísimos años, que va a proteger y va a blindar nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y de las garras privatizadoras (...) Esta ley responde a un lema ampliamente conocido que es 'La sanidad no se vende, la sanidad se defiende'”, ha destacado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Durante su intervención, la responsable de Sanidad ha subrayado que la futura ley “pondrá coto” a situaciones que ha calificado de “absolutamente obscenos” registradas en los últimos meses. En este sentido, ha aludido, entre otros ejemplos, a los audios filtrados sobre las supuestas instrucciones del CEO de Ribera Salud, empresa concesionaria del Hospital de Torrejón, dirigidas a incrementar el beneficio económico de la compañía, así como a los incidentes derivados de la externalización de los programas de cribado de cáncer de mama en Andalucía.
García ha recalcado que no se trata de “casos aislados”, sino de un “problema estructural”. Además, ha defendido que, de acuerdo con la evidencia científica disponible, los procesos de privatización impactan negativamente en la calidad de la atención sanitaria, al asociarse con un incremento de infecciones, un aumento de la mortalidad evitable y un ensanchamiento de las desigualdades.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)