El Observatorio contra el fraude y la corrupción sanitaria ha culminado una evaluación estratégica de nueve organismos clave dependientes del Ministerio de Sanidad, en la que ha identificado 317 indicadores de riesgo vinculados a posibles conflictos de interés y ha verificado 287 medidas preventivas ya operativas en sus diferentes áreas de actuación.
Según ha señalado este departamento, el análisis, orientado a detectar y evitar situaciones de conflicto de interés en el sistema sanitario, concluye que el Ministerio cuenta con un entramado preventivo sólido, alineado con los estándares internacionales y apoyado en mecanismos de control interno, transparencia y toma de decisiones colegiada.
Aun así, el informe plantea 33 nuevas actuaciones destinadas a reforzar la coherencia y homogeneidad de las políticas, entre ellas la extensión de modelos avanzados de Declaraciones de Ausencia de Conflictos de Interés (DACI), la publicación sistemática de agendas institucionales y la elaboración de un protocolo común para regular la relación con la industria.
El trabajo ha abarcado al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), el Comisionado de Salud Mental, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), la Secretaría General de Salud Digital, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y las direcciones generales de Ordenación Profesional, de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, y de Salud Pública y Equidad en Salud.
En total se han revisado 138 funciones de estos organismos, destacando la colegialidad como uno de los principales escudos frente a los riesgos, al limitar la discrecionalidad en la toma de decisiones mediante estructuras compartidas como comisiones técnicas y órganos de coordinación. Asimismo, se ha comprobado una amplia implantación de las DACI y de compromisos de confidencialidad en procesos considerados críticos, sobre todo en la gestión de subvenciones y en el acceso a información sensible.
El sistema de integridad del Ministerio de Sanidad se sitúa, de acuerdo con el Observatorio, en un nivel de excelencia comparable al de las principales agencias y entidades de referencia europeas. Este alineamiento internacional es especialmente evidente en la AEMPS, la ONT y la Dirección General de Salud Pública, obligadas a trabajar bajo marcos normativos comunitarios muy exigentes, como los estándares de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y el Reglamento sobre sustancias de origen humano (SOHO).
Transparencia y buenas prácticas
En materia de transparencia, el estudio constata que siete de las nueve unidades analizadas cuentan con herramientas específicas para gestionar de forma ética sus relaciones con agentes externos, incorporando criterios de control, registro y seguimiento de reuniones, así como pautas de buenas prácticas y de excelencia institucional.
El Observatorio destaca varios ejemplos de referencia dentro del sistema: la AEMPS, por su marco regulador alineado con las exigencias europeas; la ONT, por su política restrictiva en las relaciones con empresas y sus criterios públicos de asignación; el INGESA, por el refuerzo de la transparencia en la contratación y en la gestión de recursos estratégicos; y la DGPNSD, por sus procedimientos de evaluación objetiva y de prevención de conflictos en la concesión de subvenciones.
Oportunidades de mejora en los organismos
En cuanto a las áreas de mejora, el resumen ejecutivo señala que el INGESA puede ampliar el uso de DACI, ofrecer formación periódica en integridad y fijar procedimientos escritos y auditorías internas aleatorias. En el caso del Comisionado de Salud Mental, se plantea la creación de un sistema más sólido de DACI y otras herramientas de integridad que aún no se han puesto en marcha.
La DGPNSD, por su parte, podría extender las DACI a la persona titular y a las Subdirecciones, elaborar un mapa propio de conflictos con evaluación periódica y habilitar mecanismos de participación ciudadana. La Secretaría General de Salud Digital tiene margen para completar los indicadores y medidas específicas ya definidos. Para la Dirección General de Ordenación Profesional, el informe sugiere profundizar en el mapa de riesgos de la Alta Inspección, mientras que para la AEMPS no se formulan recomendaciones adicionales.
En la Dirección General de Cartera Común del SNS y Farmacia se propone ampliar las DACI a todo el personal funcionario implicado y renovarlas cada año, además de unificar las obligaciones sobre conflicto de intereses en los distintos comités. En la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud se plantea homogeneizar las medidas entre sus Subdirecciones. En el caso de la ONT, las oportunidades de avance pasan por establecer un protocolo de contacto con empresas, una DACI anual, un código de conducta propio y sistemas para medir la percepción pública sobre la integridad de la organización.
El Ministerio de Sanidad ha señalado que estas propuestas marcarán el arranque de la fase final del ciclo de gestión, centrada en aplicar las mejoras identificadas y afianzar un modelo de evaluación continua del sistema de integridad.