El PSOE impulsa nuevas ayudas y tratamientos para las víctimas de la talidomida

El PSOE registra una PNL en el Congreso para ampliar ayudas, tratamientos y reconocimiento a las personas afectadas por la talidomida en España.

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Imagen de recurso de una persona en silla de ruedas. PSOE

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El PSOE ha presentado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) con el objetivo de reforzar el apoyo a las personas afectadas por la talidomida, iniciativa que se debatirá en la Comisión sobre Políticas Integrales de la Discapacidad.

La PNL recuerda que la talidomida comenzó a comercializarse en España en la década de 1950 y que su uso en mujeres embarazadas provocó graves malformaciones congénitas en recién nacidos. El texto subraya que, mientras otros países pusieron en marcha de forma temprana sistemas de compensación al conocerse los efectos del fármaco, en España no se adoptaron medidas equiparables hasta la aprobación del Real Decreto de 2010, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una norma que fue actualizada en 2023 por el Ejecutivo actual.

Además, y tras la respuesta de los tribunales que exime de responsabilidad a las compañías farmacéuticas "al apreciar prescripción" de las acciones, la iniciativa plantea "estudiar" nuevas fórmulas de protección para los damnificados. Entre ellas, contempla facilitar tratamientos complementarios de carácter rehabilitador y ortoprotésico, así como suprimir el copago en las prestaciones ligadas directamente a estas secuelas.

El texto también insta al Gobierno a poner en marcha las actuaciones necesarias para que la empresa titular de la patente, Grünenthal, junto con las distribuidoras del medicamento, participen económicamente en el reconocimiento y reparación de los daños ocasionados", y a promover la celebración de un "acto público de reconocimiento para las personas afectadas".

Finalmente, la proposición reclama un acto público específico que sirva para poner en valor la labor y el compromiso de las personas afectadas por la talidomida y de sus familias, tanto en la defensa de un resarcimiento justo por el daño sufrido como en el impulso a la mejora del sistema de farmacovigilancia, con el fin de evitar que episodios similares puedan repetirse en el futuro.