El Senado ha rechazado la moción registrada por el Grupo Parlamentario Socialista con la que se pretendía instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a poner en marcha el registro de profesionales sanitarios objetores al aborto. La iniciativa ha obtenido 114 votos a favor, frente a 142 en contra y tres abstenciones.
La propuesta, defendida por el senador socialista José Manuel Franco y sin enmiendas incorporadas, buscaba garantizar la aplicación plena de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, modificada en 2023 por la Ley Orgánica 1/2023, que introdujo precisamente la obligación de crear este registro.
Tras el rechazo de la Cámara Alta, Franco ha avanzado que "el Gobierno de España incluso va a llevar al Congreso una proposición para que este derecho se blinde en la Constitución, para que ningún Gobierno de derechas atente contra este derecho de las mujeres ganado a pulso".
Ha insistido en que "estamos defendiendo que se cumpla la ley, no pedimos nada, que se cumpla la ley y que se cumplan también las resoluciones", aludiendo al reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ordena al Ejecutivo autonómico iniciar los trámites para constituir el Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE).
Críticas del PSOE a la Comunidad de Madrid
En opinión de Franco, el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso "ya no hacen caso ni a las decisiones judiciales", algo que considera "el colmo de los incumplimientos". Ha recordado que "el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su sexualidad y capacidad reproductiva es un derecho humano reconocido , entre otros, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)".
Ha reivindicado además que "siempre hemos sido los socialistas los que hemos luchado por los derechos de la mujer", mencionando la "ley de supuestos" de 1985, cuando "hasta entonces era un delito abortar"; la norma aprobada en 2010, conocida como "ley de plazos"; y su reforma de hace tres años. Ha apuntado que las dos primeras fueron recurridas por el PP ante el Tribunal Constitucional y la tercera por VOX, porque "Feijóo no se atreve".
Según el senador, ahora se trata de "programar adecuadamente los abortos" y "que no pase como hasta ahora", cuando "las que no tienen dinero tienen que abortar a veces en condiciones infrahumanas". Ha remarcado que "Madrid es la única comunidad que no tiene registro", aunque sí ha creado uno para "objetores en eutanasia".
Ha defendido que "este registro es bueno para los profesionales, les ofrece garantías" y ha precisado que el objetor de conciencia "no se va a ver obligado a realizar ningún tipo de intervención en esta dirección". Frente al argumento de Díaz Ayuso de que no quiere "listas negras", ha replicado que esta relación de objetores es "confidencial".
Franco ha reclamado a los senadores del Partido Popular que "cumplan la ley, cumplan las sentencias" y que "no pasen de la deslealtad institucional a la insumisión institucional", advirtiendo de que se está llegando "a la rebeldía ante una decisión judicial". Ha recordado que "incluso su propia portavoz en el Congreso, la señora Esther Muñoz, les invita a que cumplan la ley" y ha sugerido que este tipo de actitudes políticas "igual tienen que ver con una hipotética privatización de una parte de la Sanidad".
El PP defiende la objeción como derecho fundamental
El senador del Grupo Popular Enrique Ruiz Escudero ha rechazado de plano la moción y ha asegurado que, "bajo la apariencia de ser técnica", "vuelve a introducir un debate profundamente ideológico". Ha recalcado que "la objeción no es ni un privilegio ni una concesión administrativa, es un derecho fundamental" recogido "en la Constitución".
Ha sostenido que los sanitarios "tienen derecho a actuar conforme a su conciencia y a no declarar su ideología o sus creencias", de modo que "es realmente preocupante que este Gobierno radical y, en este caso, el Partido Socialista pretendan convertir el ejercicio de la objeción de conciencia en un trámite burocrático sometido a registro", insistiendo en que "la conciencia no se registra y la conciencia se respeta, que es lo mínimo que deben de hacer".
En su opinión, este instrumento "ni mejora la organización sanitaria, ni aporta garantías asistenciales adicionales y tampoco resuelve ningún problema clínico", pero sí "identificar profesionales que objetan" y abre la puerta "al señalamiento y a la estigmatización".
Respecto a que Madrid sea la única comunidad que no ha aplicado el registro, ha señalado que "muchas de ellas han puesto en marcha el registro no por convicción", sino "por un imperativo legal". Ha defendido que la Comunidad de Madrid no lo ha desarrollado "no por falta de compromiso con la legalidad, sino por una convicción de defensa de un derecho que es absolutamente fundamental para nuestros profesionales".
Ruiz Escudero ha reprochado además que desde el Gobierno central no se haya presentado "ni una sola propuesta para reducir los embarazos no deseados" y ha reivindicado que "el sistema sanitario se sostiene gracias a miles de profesionales que trabajan cada día con vocación y compromiso", por lo que "lo mínimo que merecen por parte de ustedes es respeto, algo que no tienen".
VOX y otros grupos fijan posición
En nombre de VOX, la senadora Paloma Gómez Enríquez ha mostrado su rechazo a la moción, al considerar que su finalidad es "señalar y condicionar a quien, por motivos morales, se niega a la práctica del aborto" y ha acusado al PSOE de situarse "del lado de la cultura de la muerte".
Por el contrario, la senadora del Grupo Izquierda Confederal Clara Delgado ha apoyado la iniciativa y ha advertido sobre la negativa de Díaz Ayuso a cumplir el fallo del TSJM, avisando de que "la bromita le puede costar la inhabilitación". En la misma línea, la representante del Grupo Vasco, Nerea Ahedo, ha defendido que el registro, que es "confidencial" y "garantiza la protección de datos", resulta "fundamental para una gestión de recursos humanos que permita garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en la Sanidad Pública".
También la integrante del Grupo Plural, María Carmen Da Silva, ha respaldado la moción al entender que "solicita una obviedad, el cumplimiento de la ley, algo que no debería tener que someterse a votación". Por su parte, la senadora del Grupo Izquierdas por la Independencia, Olaia Duarte, ha recordado situaciones "hace unos años" en las que "había mujeres que tenían que desplazarse hasta 600 kilómetros de una comunidad a otra para poder realizar este tipo de intervenciones médicas".