Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha reafirmado su compromiso este miércoles para facilitar el acceso a la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave (CUME). Además, confirmó que el 24 de septiembre se llevará a cabo una reunión con la Asociación de Familias en CUME (ASFACUME) y Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social.
«Desde que empezamos a gobernar en el año 2018 hasta el año pasado, hemos pasado de 84 millones de euros a 294 millones de euros, es decir, un incremento en seis años del 250 por ciento. Hemos ido celebrando reuniones con las asociaciones de afectados y afectadas, lo que nos lleva a asumir un compromiso firme para conseguir la mejora continua en torno a más cobertura, intentar simplificar el procedimiento administrativo», declaró Saiz durante una sesión de control en el Congreso de los Diputados.
En el mismo contexto, mencionó que este mes se iniciará un «diálogo social» para regularizar las cuotas de autónomos impactadas por esta prestación, buscando mitigar las consecuencias sociales y económicas de necesitar reducir la jornada laboral para cuidar a los menores.
Idoia Sagastizabal, diputada del Grupo Parlamentario Vasco, cuestionó a la ministra sobre las acciones del Gobierno frente a la difícil situación de las familias que luchan por obtener y mantener esta ayuda. «Estamos ante situaciones que se están convirtiendo, lamentablemente, en un patrón. Son las mutuas quienes gestionan y supervisan esa prestación y actúan con criterios distintos y arbitrarios. Les niegan la ayuda porque no se encuentran las enfermedades en el catálogo regulador. Ignoran informes médicos, a pesar de que existen epígrafes que permiten incluir cualquier enfermedad grave de distintas categorías (…) El problema no está en la ley en sí, sino en cómo lo están aplicando las mutua», expresó Sagastizabal.
Finalmente, Saiz explicó que la cuantía de la prestación se ajusta a la reducción de jornada necesaria y las circunstancias particulares de cada familia, y destacó que su departamento ha expandido la cobertura a nuevos casos de cuidados en el hogar y extendido la ayuda económica hasta los 23 años, o hasta los 26 años con un cierto grado de discapacidad confirmado.