Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha expresado su compromiso este miércoles para facilitar el acceso a la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave (CUME), y ha anunciado que se reunirá el 24 de septiembre con la Asociación de Familias en CUME (ASFACUME) y Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social.
«Desde que empezamos a gobernar en el año 2018 hasta el año pasado, hemos pasado de 84 millones de euros a 294 millones de euros, es decir, un incremento en seis años del 250 por ciento. Hemos ido celebrando reuniones con las asociaciones de afectados y afectadas, lo que nos lleva a asumir un compromiso firme para conseguir la mejora continua en torno a más cobertura, intentar simplificar el procedimiento administrativo», ha declarado Saiz durante una sesión de control en el Congreso de los Diputados.
Además, ha anunciado que este mes se iniciará un «diálogo social» para regularizar las cuotas de autónomos afectadas por esta prestación, buscando mitigar el impacto social y económico de tener que reducir la jornada laboral debido a las responsabilidades de cuidado prolongado.
Idoia Sagastizabal, diputada del Grupo Parlamentario Vasco, ha preguntado sobre las acciones del Gobierno frente a la difícil situación de las familias que luchan por obtener y mantener esta ayuda. «Estamos ante situaciones que se están convirtiendo, lamentablemente, en un patrón. Son las mutuas quienes gestionan y supervisan esa prestación y actúan con criterios distintos y arbitrarios. Les niegan la ayuda porque no se encuentran las enfermedades en el catálogo regulador. Ignoran informes médicos, a pesar de que existen epígrafes que permiten incluir cualquier enfermedad grave de distintas categorías (…) El problema no está en la ley en sí, sino en cómo lo están aplicando las mutua», ha expresado Sagastizabal.
Finalmente, Saiz ha subrayado que la cuantía de la prestación se calcula en función de la reducción de jornada necesaria y las condiciones particulares de cada caso, y ha señalado que se ha ampliado la cobertura a nuevos supuestos de cuidados domiciliarios y extendido la prestación hasta los 23 años, o hasta los 26 años con un grado de discapacidad específico.