Responsables y portavoces de organizaciones del ámbito alimentario y de defensa de los consumidores reclamaron este lunes una regulación estricta de la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores. Consideran que la responsabilidad de garantizar una alimentación adecuada en la infancia y la adolescencia no debe recaer solo en las familias, sino trasladarse de forma clara a los poderes públicos, la industria y los medios de comunicación.
“Hay que poner esa carga de responsabilidad a quienes realmente tienen las capacidades de hacerlo, que es la industria, los supermercados, los medios de información y las plataformas de contenido y de comunicación”, ha aseverado el reponsable de Alimentación de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Eduardo Montero.
Durante el acto “Comer sano no es un tema menor”, celebrado en el Congreso de los Diputados, diversos especialistas advirtieron de que los niños y adolescentes constituyen un colectivo “vulnerable” frente a la publicidad de productos no saludables, que condiciona sus decisiones de consumo y, en consecuencia, su salud futura.
Montero ha remarcado que el sector de la alimentación y la distribución conoce “claro” el papel “esencial” de la publicidad en la configuración de las decisiones de compra. Según ha detallado, en 2022 se destinaron en torno a 260 millones de euros a campañas publicitarias y de 'marketing', y ha precisado que el 80 por ciento de esos anuncios se centraron en productos insanos.
“¿Nos imaginamos que el 80% de esos 260 millones de euros fuese dedicada a promocionar y fomentar hábitos de alimentación saludable y sostenible? ¿Nos imaginamos que el 80% de los 'influencers' se dedicasen y recibiesen dinero para promocionar frutas, verduras, hortalizas? (...) ¿Por qué eso no se da? Sería maravilloso. Yo creo que nadie en ningún contexto estaría en contra de ello”, ha subrayado.
Amplio consenso social sobre la regulación
La directora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), Ana López, ha recalcado que limitar la publicidad de alimentos poco saludables dirigida a menores “no es una opción”, sino una “obligación ineludible” de las administraciones, respaldada además por un “amplio consenso social”.
“Un 79 por ciento de la población española considera que habría que prohibir la publicidad de alimentos y bebidas, de alimentos insanos, en niños y adolescentes”, ha apuntado, citando los datos de un reciente barómetro de la AESAN.
También ha subrayado que esta regulación tendría un “efecto relevante” en la reducción de las desigualdades sociales. El estudio Aladino constata que las familias con menor nivel socioeconómico están más expuestas a este tipo de contenidos y registran, al mismo tiempo, mayores tasas de obesidad infantil.
En esta misma línea, el director de Justicia Alimentaria, Javier Guzmán, ha señalado que España vive en los últimos años una crisis alimentaria “muy importante” derivada del encarecimiento de la cesta de la compra, que golpea con más fuerza a las clases populares. “Estamos diciendo a la gente, 'coma usted bien', pero realmente la gente no puede”, ha expresado.
Al referirse a la ausencia de una regulación efectiva de la publicidad, ha defendido que debería hablarse de “violencia alimentaria”. “Estamos, además, castigando a los hijos de los trabajadores con peores rentas, castigándolos”, ha subrayado.
Cambio de modelo regulatorio y papel de los colegios
Guzmán ha abogado por sustituir el actual modelo de autorregulación, basado en compromisos voluntarios y códigos éticos entre anunciantes, agencias y medios, por un sistema de regulación obligatoria impulsado desde la Administración Pública.
“Tenemos una regulación que está hecha y escrita a medida de las grandes empresas de la alimentación procesada. No es que estemos en un vacío regulatorio, estamos realmente en una estructura normativa que favorece la venta de los productos de estas empresas”, ha explicado, criticando que el esquema de autorregulación “no ha funcionado”.
El director de Justicia Aliementaria ha recordado que, hace unos años, el Ministerio de Consumo elaboró un Real Decreto para abordar este problema, pero finalmente fue vetado. “Si nos quedamos (ahora) sin decreto, si nos quedamos sin regulación, seremos víctimas otra vez en los próximos años de un impacto enorme creado por estas grandes empresas”, ha alertado.
Por su parte, la portavoz de la Comisión de Comedores Escolares de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), Olga Leralta, ha reclamado ir un paso más allá y afrontar las “contradicciones” presentes en el sistema educativo. Ha recordado que el currículo oficial impulsa de forma transversal los hábitos saludables, pero, al mismo tiempo, los menores permanecen sentados durante horas en el aula.
Además, ha señalado que en los centros educativos continúan presentes productos poco saludables. “El Real Decreto de Comedores iba avanzando en esa línea, pero en los comedores escolares se siguen consumiendo cantidad de ultraprocesados, cantidad de alimentos con toxicos, microplasticos, nanoplasticos, disruptores endocrinos”, ha indicado.
Leralta ha añadido que es imprescindible una “coherencia” real entre todas las políticas, ya que colegios e institutos no pueden ser entornos “aislados” mientras, fuera de ellos, los menores están expuestos de forma constante a contenidos y productos perjudiciales.
En este sentido, ha insistido en definir con claridad a quién deben beneficiar estas medidas y cuál debe ser su orientación. “No se puede seguir permitiendo que intereses de lucro privados sigan prevaleciendo por encima de la salud”, ha remachado.