Profesionales sanitarios, especialistas en salud pública y portavoces de asociaciones de pacientes han reclamado este martes que el valor social pase a formar parte de la evaluación de los medicamentos. Actualmente este componente apenas se considera, debido a la escasez de datos específicos en los ensayos clínicos y a la ausencia de ministerios como Trabajo o Derechos Sociales en los órganos donde se adoptan las decisiones.
Esta idea ha sido expuesta por el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y vocal de comunicación de la Asociación de Economía de la Salud (AES), Jaime Espín, durante la presentación del informe “Revalore”, una reflexión estratégica sobre el valor social en la evaluación de medicamentos, celebrada en el Congreso de los Diputados.
Espín ha subrayado que los ensayos clínicos que se realizan en la actualidad no miden, por ejemplo, en qué medida un medicamento reduce las bajas laborales o aligera la carga de los cuidadores. Al mismo tiempo, ha defendido que la participación del Ministerio de Trabajo o de Derechos Sociales en la Comisión Interministerial de Precios (CIMP), cuando proceda, permitiría incorporar una visión más amplia del impacto de un fármaco, más allá de su efecto sobre el gasto sanitario.
El documento, promovido por Roche con la colaboración de BioInnova Consulting y Theorema4H, pone de relieve la necesidad de integrar el valor social para que la evaluación de tecnologías sanitarias recoja la aportación de los medicamentos al bienestar colectivo. Con este fin, incluye una serie de propuestas dirigidas a que ese impacto social se incorpore al futuro Real Decreto Ley de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Varios integrantes del comité responsable del informe han coincidido en que, hoy por hoy, el valor social apenas se contempla en la evaluación de tecnologías sanitarias porque “lo fácil” es centrarse en aspectos objetivos y cuantificables, como los resultados clínicos o las consecuencias presupuestarias.
“Se evalúa si funciona y cuánto cuesta porque eso es relativamente fácil y podemos medir, comparar, estandarizar, pero toda esta nueva mirada más amplia sobre el valor social conlleva resistencia a la hora de incorporarla por miedo a introducir subjetividad”, ha advertido la vicepresidenta del Comité de Ética de España, Isolina Riaño, especialista de la Unidad de Endocrinología, Diabetes Infantil y Área de Gestión Clínica del Hospital Universitario Central de Asturias.
El presidente del Foro Español de Pacientes (FEP), Andoni Lorenzo, ha enumerado algunos elementos que, a su entender, deberían formar parte de la valoración del componente social de un medicamento, como la autonomía y la dignidad del paciente, la capacidad funcional, la independencia en las actividades diarias, el efecto en cuidadores y familiares o la repercusión en la productividad laboral.
No obstante, ha insistido en que no basta con añadir estos indicadores, sino que también es clave determinar el peso que tendrán frente al resto de criterios y qué órgano asumirá las decisiones finales. “Si incorporamos aspectos sociales en la evaluación, pero de nuevo es la Administración sanitaria la que tiene que tomar la decisión, podemos volver a caer en el error de que al final lo que más va a incidir en la aprobación de medicamentos sea la parte económica”, ha señalado.
¿Por dónde empezar a aplicar el valor social?
Los ponentes han remarcado que las propuestas recogidas en el informe deben traducirse en cambios efectivos en la evaluación de tecnologías sanitarias. “El gran miedo que tenemos es que esto se quede en algo puramente declarativo, de intenciones, y que no se aterrice de una manera práctica en el cómo, que esto realmente se traslade de una manera objetiva, cuantificable”, ha apuntado el director del departamento de oftalmología de la Clínica Universidad de Navarra, Alfredo García-Layana.
Ha explicado que recurrir a herramientas como el análisis de decisión multicriterio o el retorno social de la inversión (SROI, por sus siglas en inglés) puede hacer más compleja la evaluación de tecnologías sanitarias, pero contribuiría a lograr una valoración “más justa” y “más equitativa”, orientada a una “sanidad más sostenible” y alineada con las expectativas de la ciudadanía.
Además, los expertos han insistido en la relevancia de implicar tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes en este proceso. Tal y como ha recordado el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Javier de Castro, los sanitarios aportan el conocimiento científico y la proximidad al paciente.
Para concluir, Jaime Espín ha propuesto iniciar la medición del valor social en medicamentos dirigidos a patologías pediátricas, Alzheimer y Parkinson, ámbitos en los que existe un amplio consenso sobre su impacto más allá del sistema sanitario.