La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) valora que el anteproyecto de Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) representa un “cambio de rumbo” de gran calado frente a las políticas de privatización aplicadas en las últimas décadas y un “avance histórico hacia el blindaje” de la sanidad pública.
La federación subraya que el texto fija como finalidad asegurar que la titularidad de la gestión y la provisión de la atención sanitaria del SNS sea pública, universal, equitativa y de calidad, y que se aplique al conjunto de centros y administraciones sanitarias. Se establece que la gestión y administración de los centros y servicios se lleve a cabo de forma preferente de manera directa por las administraciones y entidades del sector público, quedando la gestión indirecta restringida a situaciones excepcionales.
Asimismo, se introduce un procedimiento de evaluación previa para recurrir a la gestión indirecta, que incluye memoria justificativa, informes obligatorios de comités de evaluación paritarios y publicidad de las resoluciones. Con ello se impulsa una cultura de planificación y control inexistente hasta ahora y se refuerzan la transparencia y el buen gobierno, al imponer la publicación de información sobre contratos, conciertos, resultados de salud y calidad, así como indicadores sanitarios por centro acordados en el Consejo Interterritorial del SNS.
El anteproyecto también profundiza en la preferencia por entidades sin ánimo de lucro en la contratación pública sanitaria, estableciendo criterios específicos de desempate y promoviendo la reserva de contratos de servicios de salud dentro del marco normativo europeo. Igualmente, se garantiza que los hospitales privados vinculados mediante convenios singulares atiendan al SNS en condiciones de gratuidad y sin ánimo de lucro, alineando su actividad con los objetivos sociales y de eficiencia del sistema público.
Paralelamente, la FADSP plantea varias propuestas de mejora y desarrollo para aprovechar al máximo el potencial de la norma. Entre ellas, ve imprescindible concretar mejor y limitar los supuestos en los que se pueda acudir a la gestión indirecta, reforzando su carácter realmente excepcional y asegurando siempre la evaluación previa, incluso en contratos de menor cuantía en ámbitos asistenciales especialmente sensibles.
Asimismo, la federación propone “establecer, a partir del nuevo marco legal, planes autonómicos de refuerzo de recursos propios y de reducción progresiva de la dependencia de conciertos y externalizaciones, priorizando la inversión en la red pública”. Al mismo tiempo, aboga por fortalecer el carácter público y homogéneo de las condiciones laborales en consorcios y entidades públicas de gestión, evitando segmentaciones innecesarias y garantizando que todo el personal que trabaja para el SNS lo haga en condiciones equiparables al conjunto de la red pública.
Por último, la FADSP considera imprescindible abordar de manera clara el papel de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, MUGEJU, ISFAS), incorporando el compromiso de avanzar hacia su integración progresiva en el SNS para eliminar circuitos paralelos financiados con recursos públicos y consolidar un único sistema público, universal y solidario. También reclama asegurar la participación de organizaciones defensoras de la sanidad pública, como la FADSP, en el grupo de trabajo que elaborará el informe sobre experiencias de gestión y en los procesos de definición de indicadores y herramientas de evaluación en el seno del Consejo Interterritorial.