En el marco del Día Mundial del Sida, la Federación Estatal LGTBI+ ha exigido una actuación firme contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que respete los derechos humanos y asegure la dignidad y calidad de vida de los afectados, además de poner fin al estigma que enfrentan.
“No es admisible que en pleno 2025 sigamos constatando barreras administrativas, discriminación en el acceso a derechos básicos y ausencia de recursos específicos para acompañar la realidad de quienes viven con VIH. La respuesta debe basarse en Derechos Humanos, no en circunstancias o arbitrariedades territoriales”, declaró Paula Iglesias, presidenta de la Federación.
Javier Sotomayor, coordinador del grupo VIH de la Federación, destacó los retos psicológicos y sociales que enfrentan quienes conviven con el virus desde hace décadas, subrayando la necesidad de políticas que incluyan soporte psicológico y social para su bienestar integral. “Necesitamos políticas públicas que integren acompañamiento psicológico, comunitario y social para garantizar su bienestar integral”, insistió.
Por otro lado, Manel Mora, otro coordinador del grupo, señaló los desafíos específicos que enfrentan los pacientes envejecidos con VIH en cuanto a los derechos humanos, particularmente en el reconocimiento de discapacidades, ya que los criterios actuales no reflejan adecuadamente las comorbilidades asociadas al VIH. “Es imprescindible implementar políticas públicas sostenidas que aseguren evaluaciones justas, apoyos adaptados y acompañamiento integral”, afirmó.
La Federación también destacó la necesidad de eliminar obstáculos en el acceso a la profilaxis preexposición (PrEP), especialmente para mujeres y migrantes, y demandó un acceso universal sin discriminación. Además, reclamó una mejora en los criterios de discapacidad y denunció la discriminación en el acceso a seguros de vida y productos financieros.
IMPLEMENTAR UN PACTO SOCIAL CONTRA EL ESTIGMA
Urgieron la implementación efectiva del Pacto Social contra el Estigma y la Discriminación, pidiendo a las administraciones garantizar su aplicación uniforme y reforzar la educación y los recursos públicos en materia de prevención y salud sexual. “No solo es justo y necesario continuar apoyando a estas entidades con fondos suficientes y estables, sino también situarlas en primera línea de las estructuras y protocolos de intervención, reconociéndolas como agentes clave en la prevención, atención y acompañamiento de las personas que viven con VIH, así como en la promoción de sus derechos y la erradicación del estigma”, concluyeron desde la Federación.