Enrique Granda, director del Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), ha expresado su preocupación respecto a la entrega de medicamentos por parte de veterinarios, medida aprobada en el Congreso en el marco de la nueva Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública. Según Granda, esta práctica podría poner en peligro la seguridad del sistema.
En el último editorial del Observatorio del Medicamento, Granda ha explicado que la dispensación no solo implica entregar medicamentos, sino que también engloba trazabilidad, control de estupefacientes, farmacovigilancia y asesoramiento profesional, tareas propias de los farmacéuticos.
«La aprobación de la enmienda a la Ley de creación de la Agencia de Salud Pública, que introduce el concepto de ‘cesión’ de medicamentos veterinarios, ha sido recibida con entusiasmo por parte del colectivo veterinario. Sin embargo, conviene aclarar que esta modificación no les concede carta blanca ni altera los principios esenciales que rigen la dispensación de medicamentos en nuestro país», ha afirmado Granda.
Ha insistido en que el sistema farmacéutico ha sido y sigue siendo «garante» de la calidad, seguridad y legalidad en el suministro de medicamentos, incluidos los destinados a animales, y actúa como una «barrera de protección» contra prácticas que podrían comprometer la salud pública.
«Pretender sustituir ese modelo por un sistema de ‘dispensación encubierta’ en las consultas veterinarias supone desconocer tanto la legislación vigente como el papel profesional de los farmacéuticos», señaló Granda. Recordó que las clínicas veterinarias en España se consideran centros asistenciales con registro, inspección y control sanitario, y no como puntos de venta de medicamentos.
Destacó que intentar regularizar una práctica antes tolerada solo fuera del marco legal es una «interpretación abusiva». Además, argumentó que el evitar desperdicio de medicamentos no justifica un sistema que «difumina responsabilidades».
Aunque apoya la colaboración entre médicos, farmacéuticos y veterinarios bajo el enfoque ‘One Health’, Granda advirtió que la enmienda no termina el debate sino que inicia una «etapa de vigilancia» y posiblemente «de impugnación ante los órganos administrativos y judiciales competentes». «La cesión veterinaria no puede convertirse en sinónimo de venta libre ni en coartada para consolidar prácticas irregulares», subrayó.
«La profesión farmacéutica seguirá defendiendo su papel, no por interés corporativo, sino porque de ello dependen la seguridad de los tratamientos, el control de resistencias antimicrobianas y el cumplimiento de las normas que protegen la salud pública. La tradición, la ley y la experiencia nos avalan», concluyó Granda.