QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha advertido de que cualquier intento de restringir de forma generalizada la colaboración público-privada en el ámbito sanitario supondría un «retroceso» en términos asistenciales, económicos y organizativos, y podría repercutir de manera directa en las posibilidades de acceso de la población a la atención sanitaria.
En un comunicado, la entidad subraya que «la colaboración público-privada se utiliza con frecuencia como elemento de confrontación, pese a que su eficacia está demostrada y es un modelo ampliamente implantado en los sistemas sanitarios europeos más avanzados», pronunciándose tras el anuncio de la ministra de Sanidad, Mónica García, de llevar a principios de 2026 una ley destinada a poner límites a este modelo.
El anuncio ministerial ha coincidido con la difusión del Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Este documento sostiene que la cooperación con entidades privadas ha dejado de ser un «recurso excepcional» para configurarse como una «práctica estructural», lo que, según el texto, implica destinar una proporción cada vez mayor del presupuesto público a compañías «cuya lógica responde al beneficio, no al interés general».
Frente a estas conclusiones, la Fundación IDIS defiende que la colaboración entre los sectores público y privado resulta imprescindible como uno de los pilares de la sostenibilidad del sistema sanitario, más aún en un escenario marcado por el aumento de la demanda asistencial, el desarrollo tecnológico, el incremento de la cronicidad y la necesidad de corregir desigualdades en el acceso a los servicios de salud.
En esta línea, el comunicado de IDIS resalta que «la complementariedad que aporta el sistema sanitario privado al conjunto del sistema es necesaria e inevitable, además de proporcionar innovación y eficiencia», y advierte, en relación con el informe del Ministerio de Sanidad, de que la red pública, por sí sola, no está en condiciones de asumir toda la presión asistencial derivada del envejecimiento de la población, la cronicidad y la mayor complejidad clínica de los pacientes.
De acuerdo con los datos del Observatorio del sector sanitario privado, que la Fundación IDIS publica anualmente, el gasto sanitario en provisión privada equivale al 2,5 por ciento del PIB nacional, es decir, 34.056 millones de euros. En el terreno asistencial, el sector privado concentra el 29,7 por ciento de las altas hospitalarias (frente al 22,9% en 2011), atiende el 33,6 por ciento de las Urgencias (20,5% en 2011) y lleva a cabo el 41,6 por ciento de las intervenciones quirúrgicas (29% en 2011).
A partir de estas cifras, la Fundación IDIS aboga por configurar un modelo sanitario que garantice el aprovechamiento de todos los recursos disponibles en beneficio del paciente, reforzando al mismo tiempo la sostenibilidad del sistema, la transparencia y la calidad de la asistencia. Insiste, además, en que los esquemas de colaboración deben articularse en un entorno normativo estable, predecible y bien definido, que genere confianza entre todos los agentes implicados, dado que la seguridad jurídica favorece la inversión, facilita el desarrollo de proyectos y revierte en la ciudadanía.
En este contexto, la organización concluye que «el futuro del sistema no puede basarse en debates ideológicos sino en la búsqueda de los mejores resultados en salud, con independencia de quién preste el servicio, situando al paciente en el centro de todas las prioridades».
